Desde 2010 hasta ahora se han presentado en los municipios canarios seis expedientes de regulación de empleo (ERE) que han dejado sin trabajo a un centenar de trabajadores. La cifra no parece tan elevada en comparación con lo que ha sucedido en otras administraciones y en el sector privado, pero los números tienen, en este caso, cierto truco.

Según el secretario de Acción Sindical de CCOO, Juan Miguel Suárez, el mayor ajuste municipal se está produciendo en el sector público que depende de las administraciones locales, a través de despidos objetivos.

Esto significa, remarca el sindicalista, que se están dejando de prestar "muchos servicios" transferidos por otras administraciones a los ayuntamientos. Servicios que, en algunos casos, tienen especial incidencia en los ciudadanos, como las escuelas infantiles o las residencias.

Pero lo peor no es lo que ha ocurrido. "Lo peor es lo que está por llegar", advierte Suárez. Se refiere a la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, una norma que elabora el Gobierno central y que, a su juicio, no es más que una continuación de la "deriva" de contención del gasto.

"Muchos ayuntamientos van a hacer un ajuste, si no es, en la práctica, una privatización", denuncia el sindicalista, quien hace referencia al criterio que maneja el Ejecutivo del PP de limitar servicios a los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes que no cumplan con determinados criterios económicos.

De los seis ERE presentados, uno, el del consistorio de La Oliva, en Fuerteventura, ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canaria (TSJC).

En cierta medida, considera Juan Miguel Suárez, está sirviendo de "dique" de contención para que otros ayuntamientos no presenten regulaciones de empleo nuevas.

El resto, cinco, han culminado su proceso. El primero de ellos, incluso de España, se presentó en 2009 en el municipio palmero de Barlovento.

Se produjo antes de que se aprobaran tanto las dos reformas laborales (PSOE y PP) que, en cierta medida, han facilitado las extinciones de contrato. Culminó con 17 despidos.

El siguiente se presentó, también antes de la reforma laboral, en 2010 en el municipio grancanario de Ingenio. En este caso fue un ERE suspensivo -extinción temporal de contratos- y afectó a un total de 72 trabajadores.

También en Gran Canaria, el consistorio de La Aldea de San Nicolás presentó, este sí al amparo de la reforma laboral del PP, otro ERE que supuso el despido de 24 empleados.

Y los más mediáticos han sido, sin duda, los presentados en el ayuntamiento de Gáldar, también en la isla de Gran Canaria.

En 2011 se presentó uno suspensivo que afectó a 87 trabajadores, aunque el más polémico fue el que se llevó a cabo en 2012, que supuso el despido de 54 trabajadores.

28 extinciones de contrato se produjeron en Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SA (Visocan), mientras que en la Fundación Canaria de Juventud IDEO la cifra alcanzó los 33.

34 despidos están previstos en el ERE presentado por Gestión del Medio Rural de Canarias, que se suman a 24 ya efectuados. El sector público han echado a 254 personas en los últimos 16 meses.

100 suspensiones de contrato se produjeron en 2012 en Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental SA (Gesplan), donde los despidos registrados el pasado año ascendieron a 34.

46 despidos efectuó Hoteles Escuelas de Canarias. A ellos se suman 11 de Radiotelevisión Canaria, 6 de la Fundación Canaria para la Educación, 11 de Promotur, y 16 de los gestures.