La Semana Santa es propicia para la adopción de medidas contundentes por parte de los gobiernos. No es casualidad que el expresidente Adolfo Suárez aprovechara un Sábado Santo de 1977 para legalizar el Partido Comunista.

Y en esa misma línea, la elección de una fecha simbólica, el Ejecutivo canario presidido por Paulino Rivero escogió un Miércoles Santo para intervenir la Fundación de CajaCanarias, un proyecto que el Gobierno está dispuesto a dirigir, quitándoselo de las manos al expresidente de la antigua entidad financiera, Álvaro Arvelo, lo que ha causado un hondo malestar en su propio partido en la Isla, que ve en esta decisión un nuevo problema que le genera el exalcalde de El Sauzal.

Detrás de esta medida política no solo se encuentra una estrategia dirigida a laminar a Arvelo, sino que parece dirigida a cortar lo que el Ejecutivo y alguno de sus medios afines considera una vía de financiación al grupo de comunicación al que ha colocado en la diana: EL DÍA.

Las malas relaciones de Rivero con el principal periódico de Canarias por número de lectores no sentó muy bien, desde un principio, entre los nacionalistas tinerfeños, que admiten abiertamente que el enfrentamiento con EL DÍA daña sus expectativas electorales y merma su capacidad política.

En el camino de esta relación envenenada se cruzó más tarde la decisión del Ejecutivo de decidir, por decreto y con arbitrariedad, los medios a los que irá dirigida la publicidad institucional, más allá de las cifras de difusión. La toma de poder en CajaCanarias supone un hito más en esta cruzada del Gobierno. Un hito que no ha sentado nada bien entre la dirigencia de CC en la Isla, que no desea prolongar este conflicto.

Fuentes de CC en Tenerife consultadas por este periódico reconocen que la decisión del Ejecutivo genera "malestar" en la formación, entre otras cosas porque no se dio cuenta del asunto en la última reunión de la comisión permanente. Esas mismas fuentes avanzaron que pedirán explicaciones a la dirección del partido.

En esta línea, desde el Cabildo de Tenerife se expresó también la "preocupación" que ha generado el asunto, "dada la significación de la fundación en la sociedad de la Isla".

Sin embargo, José Luis Perestelo, diputado de CC y miembro de la mencionada comisión, restó importancia a la decisión y dijo que es un tema "técnico, y no de decisión política". "Por lo que leo es consecuencia de incumplimiento de unos plazos establecidos que obligan al Gobierno de Canarias a realizar esta actuación, porque si no haría dejación de su responsabilidad", subrayó.

En este punto, y en contra de otros compañeros de partido que sí criticaron que no se hubiese dado conocimiento a la permanente, Perestelo indicó que "es evidente que es una decisión de Gobierno". "No se trata de algo que se pueda planificar como estrategia política de un partido. Se trata de la aplicación de una ley que es de obligado cumplimiento", aclaró.

Mientras, el portavoz parlamentario en materia de Economía del PSOE, Manuel Marcos Pérez, reconoció que "no conocía" el asunto hasta que dieron cuenta de él los medios de comunicación, si bien defendió que la actuación del Gobierno "responde" a la aplicación de la legislación estatal en materia de cajas. "Es una norma de obligado cumplimiento", apuntó. "Es una decisión de la Consejería de Economía y Hacienda y esperamos la información completa para manifestarnos", precisó.

Más claro se mostró el secretario general del PSOE en La Laguna, Javier Abreu, quien dijo estar "sorprendido" por que el Ejecutivo haya tomado una decisión de este calibre "y no la haya explicado en profundidad". Dijo estar "extrañado", pues sabiendo lo que ocurría en La Caja Insular -de Gran Canaria- "no se tomó ninguna decisión y ahora sí se toma en la de Tenerife".

"Un intento de controlarlo todo"

El senador del PP por Tenerife, Antonio Alarcó, calificó como "sorprendente" la decisión del Ejecutivo, que se toma en un momento "incomprensible", en medio de la Semana Santa y tras el debate sobre el estado de la región. "Da la sensación de que es un intento más del Gobierno de intervenir en todo tipo de actividades para intentar controlarlo todo", denunció. Según el dirigente del PP, CajaCanarias tomó la decisión unánime el 20 de diciembre de 2012 de convertirse en fundación, y un día después se dio a conocer tanto al Banco de España como al Ministerio de Economía, siguiendo la legislación y los plazos vigentes. "Fue el propio Gobierno canario quien pidió acortar los plazos y, a partir de ahí, se formó un patronato con gente de prestigio", puntualizó. "Sorprendentemente, el Ejecutivo ha dejado que se agoten los plazos y ha tomado una decisión que, con casi total seguridad, será recurrida", matizó. A su juicio, el acuerdo adoptado por el Ejecutivo puede ser "un grave error". "Tiene todos los visos de ser una operación política más", concluyó.