El grupo de gobierno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz (CC-PP) rechazó ayer dos propuestas de la oposición para analizar la gestión de la empresa concesionaria del servicio de aguas, Aqualia, pero anunció que ya está en marcha el expediente para encargar una auditoría externa que estudie y contraste la calidad y eficiencia de este servicio básico.

El edil responsable de Concesiones Administrativas, Lope Afonso (PP), indicó tras el pleno que la realización de esta auditoría "es una posibilidad que existe dentro del pliego de condiciones de adjudicación del servicio y no estamos ante nada anormal. Simplemente hemos decidido que una entidad externa analice el servicio, contraste datos y plantee cuestiones a mejorar".

El objetivo del gobierno portuense es que esta auditoría externa a Aqualia "se adjudique y se concluya en 2013", destacó Afonso. El primer paso será determinar el coste del estudio, "ya que si su precio es inferior a 18.000 euros podríamos hacer un procedimiento negociado, de lo contrario se convocará un concurso".

CC y PP hicieron valer su mayoría para rechazar una moción de VxP e IUC que pedía abrir un expediente informativo a Aqualia y medidas compensatorias para los miles de vecinos que en los últimos meses han sufrido dos prolongadas restricciones en el abastecimiento de agua potable. El alcalde, Marcos Brito (CC), aseguró que "legalmente es imposible aplicar rebajas a las facturas de los afectados".

El PSC solicitó una auditoría de gestión a Aqualia, pero su propuesta fue rechazada por CC y PP con el argumento de que ese procedimiento "ya está en marcha". Sin embargo, sí se aprobó por unanimidad la moción socialista para realizar un programa de charlas sobre un uso racional del agua.

En la sesión se aprobó el primer expediente de modificación de créditos de 2013, por valor de 150.000 euros. Con esa cantidad se financiarán los planes municipales de Drogodependencias (12.000 euros) y Fiestas (60.000), la compra de vehículos para la Policía Local (64.000) y trabajos ya realizados por empresas (14.000).

CC, PP y PSC votaron a favor de la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de los procedimientos de comunicación necesarios para el acceso a las actividades y servicios, cuyo objetivo es agilizar trámites y evitar obstáculos administrativos que dificultan a los emprendedores abrir nuevos negocios en la ciudad.

Vecinos por el Puerto (VxP) no logró que saliera adelante su propuesta para solicitar cambios legales que permitan a concejales de baja por enfermedad grave, paternidad o maternidad, como es el caso de la edil de VxP Yaiza González, poder delegar su voto en plenos y juntas de gobierno.

Además, el gobierno rechazó la propuesta de VxP e IUC para la adecuación del centro sociocultural San Felipe-El Tejar.