El Gobierno de Canarias aspira a recortar el 25% de la jornada laboral y del sueldo de 3.300 empleados no fijos e interinos, una medida con la que pretende lograr un ahorro de 20 millones de euros.

Esta es la propuesta inicial que el consejero regional de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, presentó ayer a los sindicatos con representación en la Mesa de la Función Pública, después de que en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2013 se contemple un recorte de 87 millones de euros -un 3,25% con respecto a 2011- en el capítulo de personal.

Aunque el consejero no precisó los porcentajes de recorte en la rueda de prensa posterior a la cita con los sindicatos, estos avanzaron que la intención del Gobierno es que la propuesta de partida para negociar con los representantes de los trabajadores sea reducir la jornada y el sueldo de los empleados no fijos e interinos en el porcentaje antes citado. "El Ejecutivo está abierto a escuchar las sugerencias de los empleados públicos", aseguró Spínola. Las negociaciones comenzarán la próxima semana.

La medida no afectará, sin embargo, a los docentes, el personal estatutario y el personal de Justicia, así como al personal fijo de la Comunidad Autónoma.

Así, para completar los 67 millones de ahorro que rigen los presupuestos de 2013, el Gobierno pondrá en marcha otra batería de propuestas. Por ejemplo, no habrá reposición de vacantes por jubilación, no habrá oferta de empleo público, ni se va a prolongar el servicio activo más allá de la edad de jubilación. Tampoco se van a renovar los contratos temporales -también en Sanidad y Educación- y habrá una reestructuración de altos cargos y personal eventual.

De esta última medida, en cualquier caso, Hernández Spínola no quiso avanzar ayer cuánto ahorro va a suponer a las arcas autonómicas. Según las últimas informaciones, el recorte en este caso se limitaría a siete miembros del organigrama del Ejecutivo.

El consejero de Presidencia avanzó también que habrá medidas para flexibilizar y redistribuir empleados públicos de unos departamentos a otros -algunos quedarán seriamente mermados con los recortes presupuestarios- y para ello pidió la colaboración de las fuerzas sindicales.

En este sentido, el consejero, que compareció junto al director general de Función Pública, Aarón Afonso, y la viceconsejera del área, Carmen Nieves Rodríguez Fraga, remarcó que con las medidas anunciadas no habrá reducción salarial para los 62.000 empleados de la Comunidad Autónoma, no se ejecutarán "despidos masivos", ni se aplicarán expedientes de regulación de empleo.

"Al Gobierno le preocupa mucho mantener la calidad de los servicios públicos, y ha hecho un gran esfuerzo en favor de los empleados para mantener sus retribuciones", sostuvo.

El SCE, al margen

Al respecto, el consejero explicó que se ha decidido dejar al margen de las propuestas anunciadas al personal del Servicio Canario de Empleo (SCE), en tanto en cuanto es financiado en gran parte por los fondos que recibe de los Presupuestos del Estado (PGE) a través del Plan Integral de Empleo (PIEC).

En este punto, indicó que la consejera del área, Margarita Ramos, ya ha abierto una línea de diálogo con el comité de empresa para tratar el asunto, después de que haya caído la partida presupuestaria que recogen los PGE para 2013 de 42 a 10 millones de euros.