Con el paro alcanzado cifras récords en Canarias, la amenazante sombra de los despidos en la administración pública y un clima de incertidumbre general, la llamada economía social, que se centra básicamente en fórmulas como la del cooperativismo, es una de las alternativas que el Gobierno de Canarias intenta aplicar si no como solución milagrosa, sí al menos para aminorar los efectos de la crisis en el mercado laboral.

A juicio de la directora general de Trabajo del Ejecutivo regional, Gloria Gutiérrez, se trata de un "modelo de futuro" que "ofrece trabajo estable y de calidad porque, fundamentalmente, su objetivo no está en obtener beneficios empresariales, sino en garantizar el empleo", por lo que defiende que se puede caminar en esta dirección.

En su opinión "es una forma de frenar la destrucción de empleo y, de igual manera, evitar que los trabajadores se vean en la calle sin salario y sin saber por dónde reconducir su vida laboral".

La propia naturaleza de la cooperativa garantiza que antes de eliminar puestos de trabajo se recurre a vías como reducción de salarios o la adecuación de la actividad al mercado

A propósito, insistió en el interés que tiene la Consejería por sacar adelante un marco legislativo que respalde e impulse la economía social en Canarias, la única comunidad que carece de un texto legal. En la actualidad, este renglón representa el 4% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuando en el ámbito nacional la media es del 14%, registro que superan Cataluña, País Vasco y Valencia.

Los subsectores donde mayoritariamente se está poniendo en práctica esta opción son los ligados al transporte público de viajeros; aquellos de carácter estacional, relacionados con las faenas agrícolas; los que se vinculan con el sector servicios y, asimismo, los que tienen que ver con la atención a las personas dependientes.

Se suele presentar a las empresas de economía social como un mecanismo de dinamización del mercado laboral, sobre todo en las etapas de mayor desempleo. Sin embargo, en Canarias parece que esta premisa no se ha cumplido fielmente en los últimos años. Ahora bien, se ha constatado que han logrado mantener su importancia relativa dentro del mercado laboral isleño y han mostrado, por tanto, una mayor resistencia relativa en cuanto a destruir empleos.

En otro orden de cosas, desde la Consejería de Empleo se trabaja para reducir los índices de siniestralidad laboral.

En este sentido, la activación del Plan de Choque puesto en marcha por el Ejecutivo "está dando sus frutos". Así lo constató la directora general de Trabajo, que se felicitaba por el hecho de que los niveles de accidentalidad hayan descendido en Canarias durante el periodo de enero a septiembre de este año un 16,1% con respecto a los nueve primeros meses del pasado año.

Siniestralidad a la baja

En los nueve primeros meses de 2012 se notificaron un total de 15.203 accidentes de trabajo que representaron baja de la jornada laboral, 3.589 menos que en el mismo periodo de 2011. De ese total, 15.100 accidentes fueron leves, 91 graves y muy graves y 12 mortales. De este modo, en términos globales se contabilizaron 40.476 accidentes.

Las actividades que más accidentes registran son aquellas relacionadas con los trastornos derivados de la sobrecarga de trabajo, que incidió en grupos como el de las camareras de piso, las empleados en empresas de mudanza, el personal que atiende a personas con dependencia, etc.

"Un empleo de calidad mejora la productividad, además de que la salud laboral del trabajador es también la de la empresa", concluyó Gloria Gutiérrez.