Que la población negra colombiana viva dignamente, tenga trabajo y educación es el objetivo de la lucha de Rosaliano Riascos Rodríguez, un líder afrodescendiente de población desplazada desde el año 1998 en Colombia y vicepresidente de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes, que estos se encuentra en Tenerife gracias al programa de protección temporal de defensores de Amnistía Internacional (AI).

Rosaliano Riascos Rodríguez, en una entrevista con este periódico, detalló el incumplimiento de los derechos humanos que se realiza en su país hacia las comunidades negras, las cuales han sido desplazadas de sus territorios en favor de los narcotraficantes, quienes "no nos dejan nada, solo hambre y muerte".

¿En qué situación está la comunidad negra en Colombia?

Nosotros vivíamos en un territorio, pero no éramos dueños del mismo, motivo por el que no se hacían inversiones sociales para la gente que vivía allí. Por ello emprendimos una lucha. La primera conquista fue solicitar al Gobierno que hiciera una Asamblea Nacional Constituyente que permitiera reformar la Constitución para incluirnos en ella. Esto ocurrió de forma transitoria en el documento de 1991. Pero cuando logramos la titulación de los territorios, comenzaron las acciones de los grupos paramilitares que fueron creados para desterrar a las comunidades negras de esas tierras donde habían vivido siempre.

¿De qué tipo de represalias son víctimas?

Masacres, desapariciones, desplazamientos... Los paramilitares siembran el terror en el territorio, y, automáticamente, la comunidad empieza a marcharse del mismo. Hoy Colombia atraviesa una situación de violación de derechos humanos muy grave; son más de seis millones de personas las que están en condición de desplazamiento, eso sin contar los que han emigrado de forma legal o ilegal. Se trata de las víctimas de esta guerra. Estamos sufriendo una negación del derecho a vivir como seres humanos. Estas acciones violentas han sido denunciadas a las autoridades internacionales, y hemos conseguido aliados. Pero solo hemos conseguido que en algunos momentos se mitigue un poco, pero no se frena de forma definitiva.

¿No sería más fácil asentarse en otra tierra?

Nosotros queremos vivir ahí porque lo hicieron nuestros ancestros; trabajaron y murieron en esas tierras. Allí nacimos, y no se justifica que tengamos que ir a otros lugares cuando ahí tenemos nuestro modo de vida. Si bien hoy podemos contar que la lucha nos ha dejado muertes, desapariciones y desplazamientos, también podemos decir que esa lucha nos ha permitido dejar 5.600.000 hectáreas de tierra que están desocupadas porque la gente está por fuera de su territorio y no se han podido implementar los planes de vida. Nosotros queremos regresar, pero no deseamos que nuestro territorio sea ocupado para uso ilegal del mismo, ni tampoco queremos compartirlo con los vecinos no invitados que llegan a sembrar la muerte y el terror y quitan el sueño a la gente que quiere vivir en paz.

¿Se refiere al narcotráfico?

Sí. No se justifica que en nuestros territorios, que nosotros creemos que son santos y donde se puede construir paz, hoy se esté debatiendo entre la vida y la muerte porque estas personas han llegado a sembrar el terror. A nosotrosel narcotráfico no nos deja nada, solo muerte, miseria y desolación, e incluso hambre,porque con esas fumigaciones de sus cultivos acaban con las especies nativas, como la agricultura y la pesca.

¿Por qué situaciones ha pasado hasta que fue acogido por Amnistía Internacional?

En nuestro país hay siete regiones y 37 departamentos. Yo he tenido que refugiarme en 27 departamentos por los ataques. Ya no tenía a dónde ir hasta que Amnistía Internacional me acogió un año, el cual finaliza ahora. En un momento tuve protección del Estado colombiano, y después me la quitaron. Fue cuando me comenzaron a llegar las amenazas y las persecuciones, por lo que se retomó esta medida de seguridad. Pero ahora, con la implementación y la puesta en marcha de la política de seguridad democrática, ningún caso que sea declarado ordinario tiene riesgo, por lo que ya no cuento con protección alguna. El peligro es real, pues el hombre que me protegía fue testigo de todos los intentos de atentar contra mi vida, y desde el año 2011 estoy declarado objetivo para los paramilitares, quienes me dieron veinte días para abandonar el país. Esta persecución surgió por exigir derechos.

Finaliza su acogida por Amnistía Internacional. ¿Qué hará ahora?

Ahora he de decidir que hacer, si volver y perder la vida o buscar refugio en otro lugar. Estoy consultando con mi pareja sentimental, que es mi consejera, aunque varias organizaciones están haciendo todas las gestiones posibles para evitar que regrese.