EN OCTUBRE de 2010 más de veinte mil saharauis que vivían en los territorios ilegalmente ocupados por Marruecos en el Sahara Occidental levantaron un campamento de miles de jaimas (tienda tradicional de los saharauis) a las afueras de El Aaiún, en Gdeim Izik.

Levantando este singular campamento, también conocido como el campamento de la dignidad, exigían una mejora en sus condiciones de vida, el fin del saqueo de los recursos naturales del Sahara que lleva a cabo el ocupante marroquí con la cooperación de empresas extranjeras, entre ellas muchas españolas, y que se pusiera fin al bárbaro régimen de ocupación, con el pleno respeto a los derechos humanos de la población saharaui, y entre estos derechos fundamentalmente, el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la independencia.

Fueron 28 días que asombraron al mundo por la capacidad de resistencia de la población saharaui, por la extraordinaria organización que crearon, auténtico embrión de un Estado democrático, y, también hay que decirlo, por el feroz bloqueo y la brutalidad de la represión que usó Marruecos, que llegó a ametrallar a los civiles que pretendían acceder a la patria de las jaimas, a Gdeim Izik. El precio fue la vida del niño Nayem el Gareh y las heridas de muchos otros.

Entre otras iniciativas los saharauis constituyeron una coordinadora para organizar el campamento y negociar con los ocupantes, compuesta por personas elegidas directamente en las multitudinarias asambleas que dirigían día a día el campamento.

El 8 de noviembre, el gobierno marroquí, tras consultar y recibir el apoyo de, entre otros, el gobierno español de entonces, las fuerzas de ocupación lanzaron una ofensiva usando tropas, helicópteros y vehículos que lanzaban agua hirviente. Destrozaron las jaimas, hirieron a centenares y asesinaron a cuatro saharauis, entre ellos uno con pasaporte español.

El Aaiún y todos los territorios ocupados ardieron durante días como consecuencia del levantamiento generalizado de la población saharaui. El grito de Gdeim Izik saltó las fronteras del Sahara y fue el auténtico detonante de la Primavera Árabe.

Desde esas fechas las protestas de la población saharaui en los territorios ocupados han sido incesantes. En Dajla, Bojador, Smara o El Aaiún están siendo constantes los actos de protesta contra la ocupación, exigiendo el respeto de los derechos humanos, demandando el derecho de autodeterminación que les corresponde por no haberse terminado el proceso de descolonización, tal y como ha reconocido la ONU desde mediados de los años sesenta del siglo pasado en decenas de resoluciones.

La respuesta del régimen marroquí es invariable: represión, torturas, desapariciones de presos, violaciones, allanamiento de viviendas, destrucción de propiedades de los saharauis y una farsa de juicios en los que se condena a largos años en las cárceles marroquíes a quienes con su valiente actitud demuestran al mundo que el pueblo saharaui no renuncia a ninguno de sus derechos.

Ese empecinamiento de Marruecos en negar el derecho de autodeterminación al Sahara Occidental solo sirve para prolongar el sufrimiento y está provocando un creciente aislamiento internacional de su régimen, como quedó patente en las visitas de comisiones de derechos humanos de reconocidas ONG el pasado mes de agosto, o la del relator contra la tortura de Naciones Unidas en septiembre de este año, o de comisionados de las embajadas de Estados Unidos o el Reino Unido en fechas más recientes.

Ante esta evidente pérdida de posiciones el régimen marroquí responde, pretendiendo sacar pecho, con una serie de juicios contra los activistas saharauis en los que se están endureciendo las condenas de cárcel, en los que se desprecian las pruebas de tortura presentadas por las defensas de los presos políticos saharauis y se somete a los observadores internacionales a todo tipo de vejaciones

El 24 de octubre Marruecos pretende llevar a cabo una nueva farsa, esta vez en el tribunal militar de Rabat. La causa es contra los presos políticos de Gdeim Izik, prisioneros desde hace casi dos años en la siniestra cárcel de Salé 2, tras haber pasado por periodos de desaparición forzada muchos de ellos y estar sometidos a condiciones de hacinamiento inhumano y a un trato degradante que les ha llevado a realizar varias huelgas de hambre.

La solidaridad internacional con la causa saharaui, entre ella la canaria, está denunciando esta situación y enviará observadores a esa burla a la justicia que se pretende perpetrar el próximo 24 contra un grupo de 24 activistas saharauis.

España sigue siendo responsable de llevar a término la descolonización del Sahara Occidental, tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de la población saharaui hasta que se produzca esa descolonización. Por eso la presión de España puede ser determinante para que este conflicto termine. No es suficiente con que el ministro español de Asuntos Exteriores afirme su compromiso con las resoluciones de las Naciones Unidas y el respeto a los derechos humanos ante el Parlamento Español y se someta a los intereses marroquíes ante el monarca feudal en Rabat, como quedó patente en la reciente visita de Rajoy a Marruecos.

Exigir la libertad de los presos políticos saharauis de Gdeim Izik y de todas las presas y presos políticos saharauis, reclamar el fin de los juicios-farsa del régimen marroquí contra las y los militantes saharauis, requerir que se aclare el destino de los desaparecidos saharauis, demandar el fin del expolio de los recursos naturales del Sahara Occidental, apoyar el derecho de autodeterminación del Sahara Occidental es impulsar la causa de la paz, la justicia y la libertad. En ese compromiso estamos y a él llamamos que se sumen todas las personas de buena voluntad.