La Policía halló numerosos objetos sexuales en el chalé del principal acusado del caso Kárate, así como vídeos pornográficos de diverso contenido, según ha señalado hoy ante la Audiencia de Las Palmas el jefe del Servicio de Atención a la Familia (SAF).
Durante la nueva sesión del juicio celebrada hoy, el inspector jefe ha indicado al tribunal que los vídeos encontrados en el chalé de Vargas, situado en el sureste de Gran Canaria, contenían escenas de sexo homosexual, heterosexual y zoofilia.
El responsable del SAF ha indicado que los objetos hallados eran los que se utilizaban en Vargas por los acusados, según explicaron los niños en sus declaraciones, que ha recordado que se localizaron látigos, consoladores, un arnés con un pene, tubos de vaselina y un edema.
Además, ha indicado que la habitación del gimnasio utilizada por el principal procesado, el karateca Fernando Torres Baena, respondía a la descripción dada por los menores, pues tal y como indicaron había una cama, un látigo y un póster de Bruce Lee.
El responsable del SAF ha explicado que la investigación se inició a partir de la denuncia presentada por dos de los alumnos de Torres Baena, identificados como los testigos 1 y 70 en la causa, que de la comisaría del distrito sur fueron remitidos al SAF, por ser la brigada encargada de este tipo de delitos, y donde prestaron declaración un día después, el 29 de enero de 2010.
Ha indicado que además de estos alumnos, ese día prestó declaración un profesor de la testigo número 1, que fue a quien esa menor primero contó lo que sucedía en el gimnasio porque no quería que le sucediera lo mismo a un hermano pequeño de una compañera.
El responsable del SAF ha señalado que este tipo de delitos muchas veces se destapan en los colegios, como ha ocurrido en este caso, si bien ha manifestado que este proceso "no es comparable a nada".
También ha comentado que la investigación no fue compleja, porque a medida que iban declarando los alumnos iban dando datos de otras posibles víctimas.
El inspector ha afirmado que a los denunciantes no se les informaba de lo que habían contado sus compañeros y que los testigos declaraban en espacios separados, nunca de manera conjunta.
Así mismo, ha señalado que todos ellos manifestaban un miedo generalizado hacia Fernando Torres Baena, sobre todo, y que de sus declaraciones se desprende que había un grupo de "elegidos", que eran los que iban a Vargas y los que participaban en las competiciones.
En cambio, el resto de alumnos desconocía los abusos que se cometían, al igual que los vecinos del chalé y los padres, desconocimiento que es muy común en este tipo de delitos, ha apuntado.
El responsable del SAF también ha indicado que el adoctrinamiento sexual del que fueron objeto también fue muy repetido en los relatos de los denunciantes, tanto de los menores de 9 y 10 años como de los adultos de 30 años, y ha negado que existiera una confabulación de las víctimas para denunciar a Torres Baena.
El inspector jefe ha comentado que le llamó la atención las características físicas de los "elegidos", pues todos eran muy guapos, no muy desarrollados y, con parecido físico a la primera mujer de Torres Baena, al tiempo que ha indicado que los acusados buscaban a niños "especialmente manipulables".
También ha aclarado que la Policía no comentó a la exmujer de Torres Baena que su hijo menor fue objeto de abusos por parte de su padre, sino que se le informó de que, por los testimonios de las víctimas, sus hijos también fueron objeto de abusos en Vargas.
En cuanto a la instrucción de la causa, el responsable del SAF ha explicado que le correspondió al Juzgado de Instrucción número 7 porque era el que estaba de guardia ese día, cuando se remitieron las diligencias, y que se actuó como en todos los casos, y ha negado que su jefe hablara con el titular del juzgado, Miguel Ángel Parramón, para que investigara la causa: "me juego un brazo", llegó a afirmar el inspector.
En la causa figuran como acusados, además de Torres Baena, su actual pareja y monitora María José González, ambos en prisión, y los también monitores Ivonne González y José Luis Benítez, quienes se enfrentan a penas que suman un total de 621 años de prisión.