Innecesaria, inconveniente y, en algunos aspectos, inconstitucional. Así describe el Gobierno de Canarias la reforma educativa que prepara el Ministerio que dirige José Ignacio Wert y que tampoco convence a otras comunidades autónomas, como Cataluña y País Vasco, que acusan al Ejecutivo central de invadir competencias que les corresponden.

La Administración educativa canaria no cuenta todavía con "ningún documento oficial" al respecto, según la viceconsejera del área, Manuela Armas, quien, por este motivo, no quiso pronunciarse sobre algunos aspectos novedosos -adelantados ayer por el periódico El País-, como la reducción del margen de las autonomías para introducir contenidos en el currículo -que, en el caso de las Islas, bajaría del 35% al 25%- o la posibilidad de ordenar "traslados forzosos" del profesorado.

Al margen de esas medidas, Armas entiende que la educación "no necesita reformas estructurales, sino proyectos de mejora". "Hay que ajustar algunas cosas, pero el sistema es bueno", razona la viceconsejera.

En cuanto a la oportunidad de la nueva ley educativa, Manuela Armas considera que "no es el momento". Además, afirma que, en aspectos como la pérdida de autonomía de los consejos escolares, la futura norma "es inconstitucional", al afectar a "principios básicos" de la Carta Magna.

Igualmente, la Consejería recuerda que "nunca se ha hecho una reforma educativa en un ciclo económico regresivo, sino en tiempos de bonanza".

Los que sí opinan sobre algunos de los contenidos del borrador de anteproyecto de ley recientemente conocidos son los sindicatos del profesorado, entre otras cosas porque algunos de estos aspectos inciden directamente sobre las condiciones de trabajo. Es lo que ocurre con la posibilidad, durante los primeros cinco años de vigencia de la norma, de trasladar al personal funcionario a otros centros o de unas asignaturas a otras, que puede "reventar las plantillas docentes" -según Pedro Crespo, de ANPE- y sería "una catástrofe" en el Archipiélago -en palabras de José Ramón Barroso, de CCOO-.

La aplicación de esta medida puede representar "el desplazamiento de entre un 30% y un 40% de las plantillas", a juicio de Crespo.

"El refuerzo de las competencias básicas puede conseguirse mediante la reestructuración de los currículos sin necesidad de ampliar el horario de la lengua y las matemáticas", alega el representante sindical, contrario al incremento de la carga horaria de las materias básicas que el Ministerio prevé incluir en la ley, que, además, encuentra rechazable por haber sido elaborada sin la participación de los sindicatos.

Por su parte, Comisiones Obreras interpreta la reforma como "una regresión total y absoluta" y sostiene que busca "garantizar una ideología concreta", por lo que advierte de que, conocidos estas novedades, se opone a ella "con más fuerza aún". La "flexibilización" en la organización de los recursos humanos que contempla el proyecto se traducirá, según José Ramón Barroso, en que "los derechos de los trabajadores salten por los aires".

Se trata, para el secretario general en Canarias de la federación de enseñanza del sindicato, de "una nueva agresión al profesorado" que, en el caso de Canarias, tendría un efecto especialmente pernicioso. "Muchos compañeros tendrían que mantener rotas sus familias o trasladarse en bloque a otras islas año tras año", alerta Barroso.