Al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno autonómico, Javier González Ortiz, no le preocupan los datos del Ministerio de Hacienda sobre el déficit de las autonomías dados a conocer el pasado jueves. Según el Estado, las Islas alcanzaron un déficit del 1,2% del PIB tan solo en el primer semestre del año, cuanto el total autorizado para todo 2012 es del 1,5%, apenas tres décimas más. El portavoz del PP en materia económica, Jorge Rodríguez, advirtió ayer en una nota de que Canarias se aleja "peligrosamente" del objetivo de déficit público, pero Ortiz insiste en que la autonomía cumplirá con el objetivo de estabilidad. Eso sí, hay un límite: "salvar" el "núcleo" de los servicios públicos, que va antes.

Así, explica el consejero, al Ejecutivo le "preocupa y ocupa" el cumplimiento del objetivo de estabilidad, que es "fundamental" para el Gobierno, "pero siempre con unos límites, que es salvar el núcleo duro de los servicios públicos" -en alusión a Sanidad, Educación y los servicios sociales-.

Ortiz recuerda que la Administración adoptó "duras" medidas en los presupuestos de este año que tendrán efectos, "sobre todo, en el segundo semestre". Se refiere a la subida de impuestos que rige en las Islas desde julio. "Se incrementó la carga impositiva al tiempo que redujimos de forma drástica el gasto en la región", indica.

El mayor efecto de esos ajustes, augura, "se verá en el segundo semestre". En el Gobierno están "convencidos" de que aún siendo Canarias la comunidad "peor" financiada -con 383 euros menos por habitante-, se va a cumplir el objetivo.

Durante años, CC apoyó el argumento del PP en contra de subir los impuestos de que una mayor presión fiscal empeoraría la economía al restar dinero para el consumo, mientras que ahora confía en que el aumento de los tributos será beneficioso. Ortiz replica que "está claro" que la teoría económica dice que "no siempre un incremento impositivo se traduce linealmente en un incremento de ingresos" y justifica que el Gobierno se vio obligado a aumentar los ingresos para "salvaguardar" la prestación de los servicios básicos.