El Ministerio de Sanidad anulará mañana la tarjeta sanitaria de los inmigrantes en situación irregular y de todas aquellos extranjeros que no cotizan a la Seguridad Social en España por considerar que no pueden ser beneficiarios del Sistema Nacional de Salud (SNS).

También perderán su condición de asegurados los españoles que nunca han trabajado y que tengan ingresos superiores a 100.000 euros al año, los denominados "rentistas".

Ésta es una de las medidas de ahorro urgentes decretadas por el Gobierno el pasado mes de abril para garantizar el futuro de este servicio público en tiempos de crisis económica, sobre el que pesa además una deuda de 16.000 millones de euros.

El departamento que dirige Ana Mato quiere acabar con el "turismo sanitario", adecuar la normativa a lo establecido por la Unión Europea y ahorrar así unos 1.500 millones de euros al año a la Sanidad pública.

Esto significa que los extranjeros "no registrados ni autorizados como residentes en España" solo tendrán asistencia sanitaria de urgencia por accidente o enfermedad grave y en el embarazo, parto y postparto, a excepción de los menores de 18 años, que recibirán los mismos servicios que el resto de los españoles.

Sanidad se ha comprometido a no dejar sin tratamiento a los enfermos de este colectivo crónicos o graves, aunque la atención la financiará el país de origen si hay convenio de colaboración. Si no existe, el inmigrante será atendido cuando el facultativo determine un riesgo vital.

Tanto para los extracomunitarios en situación irregular como para los europeos no asegurados, las autoridades sanitarias estudian ofrecerles una póliza si quieren cobertura sanitaria completa, de unos 710,40 euros anuales -59,20 al mes- o de 1.864,8 para los mayores de 65 -155,40 mensuales-.

No existen cifras oficiales sobre las personas que residen en España sin permiso, aunque el cruce del número de extranjeros del Instituto Nacional de Estadística (INE), con aquellos que no figuran en los registros del Ministerio de Empleo, arroja una cifra de ciudadanos "sin papeles" de 459.946 personas.

No obstante, la mayoría de los extranjeros en situación irregular (306.477) proceden de países de la UE, por lo que si son atendidos en situaciones puntuales se cobrará a sus países de origen, a través de los convenios bilaterales existentes, o tendrán la posibilidad de pagar la citada póliza mensual si desean una cobertura total.

Las restantes personas (153.469) son inmigrantes no comunitarios indocumentados, los más damnificados por esta medida, ya que pertenecen a un colectivo vulnerable y con escasos recursos, y cuyo número puede ser mucho mayor.

Por ello, ocho comunidades autónomas han anunciado que seguirán prestando la misma atención a estas personas dentro del ámbito de sus competencias.

Esta postura no incomoda al Ministerio de Sanidad, que ha asegurado que "nadie" se quedará sin cobertura médica, en tanto en cuanto no se les entregue una tarjeta sanitaria a la que no tienen derecho, han informado fuentes de este departamento.

La entrada en vigor mañana de la medida irá acompañada de una concentración convocada por la "Red por el Derecho a Tener Derecho", que se celebrará a las puertas del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid.

Este acto de protesta, al que se sumarán otros en diversas ciudades, representa el comienzo de una campaña en defensa del derecho a la salud de los inmigrantes "sin papeles" a la que se han sumado numerosos colectivos sociales y organizaciones de profesionales sanitarios.

Algunos facultativos se acogerán a la objeción de conciencia para no obedecer este decreto, una postura avalada por la Organización Médica Colegial. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria ha creado un registro de objetores al que se han sumado en mes y medio 1.800 profesionales.