La televisión pública canaria despidió a sabiendas de que podía ser ilegal

O. GONZÁLEZ, Tenerife

El director general de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Guillermo García, podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación, al haber procedido a despedir a varios trabajadores del ente público a sabiendas de que la ley y el reglamento del propio ente requerían una mayoría que no se alcanzó en ningún momento.

Así se lo hicieron saber a García varios miembros del Consejo de Administración, en la reunión en la que este dio cuenta del plan de viabilidad aprobado por el Gobierno canario para garantizar el futuro de RTVC.

Ese documento, que el director general de RTVC llevó al Consejo cuando ya estaba aprobado por la Consejería regional de Economía, Hacienda y Seguridad, recogía el despido de nueve trabajadores de la Televisión Canaria y un expediente de regulación de empleo (ERE) para once personas en la radio pública. Ambas directrices fueron ejecutadas por la dirección de RTVC a lo largo del mes de julio.

Sin embargo, y es aquí donde radica la controversia, el artículo 11.2 de la Ley y el Reglamento de organización y funcionamiento del Ente Público Radiotelevisión Canaria es claro al respecto: "Será necesario el voto de dos tercios de los componentes del Consejo, presentes o representados, para la adopción de los acuerdos relativos a la propuesta de nombramiento y cese del director general de RTVC, plan de actividades del ente público, plantillas, anteproyectos de presupuestos de RTVC y sus sociedades y determinación de los porcentajes y de tiempo de programación destinados a los grupos políticos y sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma".

Es necesario precisar que esta condición no se dio, pues el plan de viabilidad de RTVC no obtuvo el apoyo que establece la ley. En el Consejo en el que se dio cuenta de él, Marcos Brito (CC), Joaquín Ucelay (PP) -éste llevaba el voto delegado también de Larry Álvarez (PP)- y Miguel Guerra (NC) dejaron constancia de su disconformidad. Solo José Manuel Bermúdez, Honorio García Bravo y el propio Guillermo García votaron a favor.

Según fuentes del Consejo consultadas por este periódico, García se amparó en un informe de un prestigioso jurista para cumplir la orden del Gobierno, esto es, para darle curso a la orden del Gobierno de aligerar los gastos de RTVC.

Y, acto seguido, se preguntan estas fuentes: "¿Para qué sirven entonces las leyes si el gobierno de turno es capaz, con una simple orden de un consejero, de saltarse la norma?"

En cualquier caso, y para cubrirse las espaldas, las fuentes revelan que el presidente de turno del Consejo de Administración en el que Guillermo García expuso el citado informe jurídico, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, pidió a los Servicios Jurídicos del Gobierno otro informe que clarificara la situación.

De este último no hay constancia todavía. Advierten estas fuentes de que fue precisamente el mismo jurista al que ahora se aferra García el que elaboró los informes por los que se adjudicaron, en 2008, los servicios informativos se Televisión Canaria.

Una decisión que, hace apenas tres meses, un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria declaró ilegal.

En este sentido, algunas de las fuentes consultadas aseguraron que algunos de los trabajadores despedidos el pasado mes de julio se agarrarán a ese artículo 11 de la Ley y el Reglamento de RTVC para reclamar por la vía judicial.

Entienden estas fuentes que este es un "argumento potente" para que la Justicia dé la razón a los empleados despedidos.