Un socio del Hispano Británico afirma que hay irregularidades en las cuentas

EL DÍA, S/C de Tenerife

Dos de los cuatro socios del Colegio Hispano-Británico se han negado a aprobar las cuentas de 2011 al detectar diversas irregularidades, según afirmaron a este periódico.

En la Junta General celebrada el 27 de junio de 2012, los dos socios de la familia que ostenta la dirección pedagógica del centro educativo manifestaron que la contabilidad presentada no se ajustaba "a lo que establece la Ley sobre el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empresas". Así, aseguraron que "se falsean los resultados del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias".

En concreto, discreparon sobre el hecho de que contabiliza como gasto "los libros de textos" y "las facturas de transportes, generalmente excursiones y que los alumnos pagan en efectivo". Especificaron que "para que una partida se considere un gasto debe disminuir el patrimonio".

Asimismo, también mostraron su disconformidad con que se estableciera "una sola cuenta de prestación de servicios, donde se mezclan todos los conceptos, con lo que no se puede determinar por la contabilidad el control de la facturación".

Aunque especificaron que habían tenido dificultades para realizar una revisión profunda de la contabilidad, puesto que la recibieron con poca antelación, pusieron sobre la mesa "varias incidencias importantes de dinero en efectivo que no se ha entregado en las cuentas de la sociedad".

Los representantes de la familia que ostenta la dirección pedagógica del centro educativo manifestaron que habían detectado un desfase entre el programa "que registra cobros y pagos en efectivo en el colegio". Así, especificaron que existía "un saldo positivo entre cobros y pagos de efectivo en el colegio" que ascendía a 229.544,02 euros. Sin embargo, "los ingresos en el Banco Bilbao en las mismas fechas ascienden a 225.744,80 euros". La diferencia entre cobros e ingresos, 3.799,22 euros, "puede considerarse como saldo de existencia en efectivo y pequeños pagos", añadieron.

También apuntaron que no existe coincidencia entre los ingresos realizados en Caja Siete por el cobro de los libros de texto. "El precio de venta de estos libros de texto, según las facturas de las editoriales, fue de 145.992,59 euros", aseguraron los representantes de la dirección pedagógica. Sin embargo, los ingresos por este concepto, según afirmaron, fueron de 81.884,80 euros, "por lo que el efectivo que falta de entregar a la sociedad es de 64.107,79 euros".

Otra de las incidencias señalaron que correspondía a los talonarios de recibos que el Colegio Hispano Británico entrega a los alumnos "como justificante de pagos diversos". "Los importes de estos recibos no se reflejan en las cuentas de la sociedad, solamente hemos podido obtener información entre el 16 de junio y el 22 de diciembre". Por esto, especificaron que "el efectivo que no se ha sido entregado en las cuentas de la sociedad" asciende a 25.472 euros.

Aseguraron que "el balance de situación de la sociedad que presenta es falso, al registrar en el pasivo corriente deudas que no existen y que han sido pagadas con anterioridad". De hecho, argumentan que "esta práctica le permitiría sacar dinero de la sociedad en el futuro y justificarlo como un pago a un proveedor que en realidad no existe".

En concreto, se refieren a una empresa de viajes, y se adjuntaron facturas de esta compañía "desde 2008, donde se indica que todas son pagadas anticipadamente", así como una carta "donde indican que no tenemos deudas con ellos".

Por último, informaron de que habían solicitado una auditoría al Registro Mercantil el 2 de mayo. "Según me informa el auditor, su trabajo está por debajo del 10% de su ejecución, al no facilitar los datos que le solicitan y su falta de colaboración", concluyó el documento, que quedó recogido en el informe posterior que se realizó de la Junta General.

Este periódico se puso en contacto con el socio al que se acusa de estas supuestas irregularidades contables.

Sus representantes legales aseguraron no saber nada del tema y achacaron estas denuncias a una respuesta a un proceso penal, aún "sub iudice", en el que este socio que se encarga de la dirección administrativa se ha presentado como acusación. El imputado era hasta el pasado año profesor del centro educativo.

Sin embargo, la familia que ostenta la dirección pedagógica y que se ha negado a dar conformidad a las cuentas de 2011 apunta a una campaña de presiones para apartarles del centro educativo en la que encaja, también, ese proceso penal.