El Ejecutivo regional recorta un 7,1% el sueldo de sus miembros

C.A., S/C de Tenerife

La reducción de sueldo para los empleados públicos acordada por el Estado -que supone una bajada del 7,1%- es una disminución "injusta" y "excesiva" según el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, porcentaje de recorte salarial que el Ejecutivo autonómico decidió ayer llevar al Consejo de Gobierno de hoy para hacerlo extensivo a sus propios miembros, altos cargos y asimilados.

Así lo anunció Spínola al término de la reunión de la Mesa General de Empleados Públicos celebrada en la capital tinerfeña al señalar que se trata de una reducción salarial superior a la prevista en la ley canaria -que impone un recorte del 5% para los altos cargos-.

El 7,1%, explicó Spínola, es el porcentaje equivalente a la reducción máxima del sueldo de los empleados públicos que resulta al aplicar el decreto estatal que suprime la paga extra de Navidad.

Para Spínola, se trata de una disminución salarial "muy alta" en un contexto de crisis "cuando las retribuciones de la inmensa mayoría de los empleados públicos son modestas".

Además, explicó Spínola, el recorte estatal "penaliza a los empleados públicos que menos ganan", que tienen un coste "superior" a los grupos elevados.

La arremetida de Spínola contra el decreto que aprobó el Gobierno que preside Mariano Rajoy incluyó también otros aspectos que constituyen, según el consejero, un recorte no ya de dinero, sino de derechos.

Se refería así a aspectos como la negociación colectiva, los permisos, las nuevas regulaciones en materia de incapacidad temporal, sobre la jubilación forzosa, créditos sindicales y otras medidas complementarias.

Aunque Spínola insistió en que el Ejecutivo regional tiene como "constante la búsqueda de diálogo y el consenso permanente con los sindicatos", lo cierto es que los representantes de los trabajadores ayer no acercaron posiciones al Ejecutivo.

Tanto el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Francisco Bautista, como el coordinador del Área Pública y Enseñanza de CCOO, José Ramón Barroso, coincidieron en recriminar que la reunión solo sirvió para conocer lo que el Ejecutivo ya había decidido por su cuenta.