"Acoso", "ridiculez" y "dictadura". Estos fueron los adjetivos con los que los distintos representantes sindicales calificaron ayer la decisión de Presidencia del Gobierno de expedientar a una funcionaria, cuya imagen haciendo una peineta a una fotografía del jefe del Ejecutivo, Paulino Rivero, ha sido calificada como "falta grave" por la Secretaría General de la Presidencia.

La polémica imagen fue publicada el pasado 30 de mayo por este periódico, y con ella se ilustraba una información en la que un grupo de funcionarios de la Comunidad Autónoma expresaba, como cada día laboral a las 12:00 -también lo hicieron ayer al grito de "Todos somos Asunción"-, su malestar por los recortes aplicados por el Ejecutivo canario a los sueldos de los empleados públicos, entre otros aspectos.

La resolución conocida ayer, sobre la que no tuvieron conocimiento hasta su publicación otros departamentos del Gobierno regional, ha sido instruida por la secretaria general, Ángeles Bogas.

En ella se recoge que en la mencionada fotografía la funcionaria María Asunción Roldán Oramas aparece "haciendo gestos obscenos, señalando una fotografía del presidente del Gobierno de Canarias, minusvalorándolo, en la puerta principal del edificio sede de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife".

Además, detalla que la actitud de la funcionaria "pudiera ser considerada de desprecio o descrédito, llevada a cabo con ánimos ofensivos y con publicidad hacia la figura que representa el presidente canario".

La Secretaría General de Presidencia considera "que esa desconsideración, falta de urbanidad y respeto" puede constituir una falta disciplinaria por no respetar a su superior jerárquico.

Y, como era de esperar, la resolución generó ayer la contundente reacción de los sindicatos. El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias, Francisco Bautista, calificó el asunto como "vergonzoso" y "pésimo", y comparó la situación con momentos de la "dictadura". Bautista lamentó que se esté "coartando" la libertad de expresión y de poder manifestarse, y remarcó que la funcionaria en cuestión de manifestaba por un descontento que tienen "todas las organizaciones sindicales".

En esta línea, Antonio Trujillo, presidente del Sindicato Independiente Canario (SIC), remarcó que el Gobierno trata de "amedrentar" al colectivo de funcionarios "que se manifiestan legalmente", y pidió al Ejecutivo que "deje de cebarse" con los empleados públicos.

En el mismo sentido, Fernando Escrich, secretario general de Sepca, calificó la decisión de Presidencia de "ridiculez" y consideró que lo mejor que puede hacer el Gobierno es "cerrar" el expediente. "No entendemos que se ponga a toda la maquinaria de Presidencia del Gobierno contra un empleado público, salvo que tengan algo con ella de antes que desconocemos", dijo.

Por su parte, Miguel Ángel Delgado, coordinador del sector de Comunidad Autónoma de CCOO, consideró "lamentable" la actitud del Ejecutivo canario y aseguró que es "un acoso más" hacia el conjunto de los empleados públicos. Todos los sindicatos tienen previsto reunirse la próxima semana para estudiar las medidas que tomarán contra la decisión del gabinete que preside Paulino Rivero.