EL GOBIERNO del PP aprobó el Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, cuya finalidad es reducir el exceso de gasto que España arrastra en este ámbito social. Esta disposición, entre otras cosas, cambia el modelo para la percepción de asistencia sanitaria pública, vinculándola a la condición de afiliado a la Seguridad Social (SS), aunque el Gobierno aún no ha desarrollado los mecanismos que permitirán el acceso a la tarjeta sanitaria para los millones de españoles que nunca han cotizado.

Efectivamente. La ministra de Sanidad, ante el aluvión de quejas y consultas que le han formulado, ha insistido en que "nadie se va a quedar sin derecho a la asistencia sanitaria". Sin embargo, el real decreto aprobado no dice exactamente lo mismo, que al fin y al cabo es lo que prevalece: excluye de la cobertura sanitaria a los jóvenes mayores de 26 años que no estén trabajando ni han cotizado nunca a la SS, ya que para seguir siendo atendidos deberán solicitar a la SS un certificado que acredite su falta de ingresos. Es decir, deben demostrar que son pobres para que el médico les asista. Algo humillante. Y es que la reforma sanitaria establece que solo gozarán de cobertura sanitaria gratuita quienes estén "asegurados", a saber, trabajadores afiliados a la SS, pensionistas o quienes hayan agotado la prestación por desempleo y figuren como demandantes de empleo (Artº 3.2 del Real Decreto-ley 16/2012). Igualmente se incluyen también a los beneficiarios de un asegurado: cónyuge e hijos menores de 26 años.

El Gobierno ha establecido la edad máxima de 26 años a los hijos para que puedan seguir constando como beneficiarios en la tarjeta sanitaria de sus progenitores. Se ha tomado esta edad porque en otro tiempo se daba por hecho que un joven de 26 años o más ya estaba empleado, por lo que podía costearse su asistencia sanitaria al cotizar a la SS, pero tal como están las cosas ahora no hay más que echar un vistazo alrededor para constatar que hoy en día eso es poco menos que una quimera, por lo que los chicos y chicas, en una gran mayoría, y muy a pesar suyo, viven a expensas de sus padres.

¿Y qué hacer ahora con los jóvenes mayores de 26 años que no están asegurados por no reunir los requisitos que establece el real decreto-ley? Pues, de acuerdo con dicho texto legal, al no poder estar adscritos como beneficiarios a la tarjeta sanitaria de su padre o de su madre, y tampoco poseer una propia porque nunca han cotizado a la SS, para disfrutar de la sanidad pública española tendrán que acreditar, como hemos dicho, que carecen de recursos económicos. De esta manera, podrán seguir como "beneficiarios de un asegurado" (sus padres), salvo que el Gobierno disponga otra cosa para solucionar este vacío.

Es decir, quienes residan en España, tengan más de 26 años y no hayan cotizado nunca a la SS se quedarán sin cobertura sanitaria si no consiguen que el Estado les reconozca como personas sin recursos y les permita seguir siendo beneficiarios de sus padres. Así se contempla en el tercer apartado del artículo 3 del Real Decreto-ley 16/2012, que se refiere a la condición de asegurado.

Ante el gran número de quejas recibidas, el Gobierno pretende rectificar la normativa aprobada mediante otro real decreto que regulará la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de asistencia sanitaria. Con ello se pretende solucionar la situación de limbo en la que quedan numerosos jóvenes mayores de 26 años, sin trabajo y sin haber cotizado a la SS, que en un principio están excluidos del sistema sanitario y, por lo tanto, se pretende que puedan continuar recibiendo asistencia sanitaria como hasta ahora, siempre que reúnan determinados requisitos a determinar, antes del próximo mes de agosto, fecha en que entra en vigor la norma ya aprobada. Al Gobierno le corresponde subsanar este error buscando una solución, pues no olvidemos que la Constitución Española (Artº 43) y la Ley General de Sanidad 14/1986 establecen y garantizan un sistema sanitario para toda la población española, sin distinción o condición alguna.