Las buenas noticias con las que los afectados por la Ley de Costas en Canarias volvieron el pasado jueves de su reunión en el Ministerio de Ambiente solo lo son a medias. El abogado José Luis Langa, representante en las Islas de la asociación de perjudicados por esta norma, aclaró ayer que el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, les advirtió de que la "receptividad" de la Administración central a la hora de suspender derribos no alcanzará a aquellos que sean objeto de una resolución judicial firme.
En el encuentro, Saavedra se comprometió a estudiar el aplazamiento, hasta que se apruebe la nueva ley, de aquellas actuaciones administrativas que "representen un perjuicio para las propiedades y los negocios en Canarias", pero matizó que "no puede entrar" en las decisiones judiciales.
Sin embargo, y pese a reconocer la buena voluntad del alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente, Langa -que acudió a la reunión junto a las senadoras del Partido Popular (PP) Luz Marina Socas y Meluca Suárez- recordó que son los abogados del Estado quienes deben instar a la ejecución de las resoluciones de los jueces, por lo que demandó que no se dé este paso mientras no haya luz verde para la nueva ley.
Ante esta solicitud, el secretario general de Costas replicó que dar esas directrices a los abogados del Estado no depende del Ministerio. "Pensamos que debe articularse algún procedimiento entre varios ministerios para que no se materialicen esas ejecuciones si van contra la nueva ley, que será totalmente contraria a la actual", expuso el representante del colectivo de afectados.
A juicio de José Luis Langa, es "de sentido común" que se haga todo lo posible para no aplicar la norma vigente si en breve se promulgará otra que en gran parte la contradice. De acuerdo con la información que el Ministerio le ha facilitado, el anteproyecto de la nueva ley de Costas será presentado en julio, de forma que la ley entrará en vigor antes de que finalice el año.
En cuanto a la intervención del Gobierno canario, Langa lamentó las contradicciones entre los ejecutivos central y autonómico, dado que el primero sostiene que Canarias no ha pedido que se convoque la comisión mixta para la discusión de las competencias en materia de costas y la Administración regional asegura que sí lo ha hecho. La asociación de perjudicados por la ley urge a que se impulse esta mesa de negociación y que se tengan en cuenta las aspiraciones de Canarias y su conocimiento de esta realidad.
En las Islas -con alrededor de 7.000 kilómetros de litoral- hay cerca de cincuenta zonas afectadas por los posibles derribos, entre ellas Igueste de San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), Santa Lucía (Güímar) y Los Roques, (Fasnia), en Tenerife: Ojos de Garza (Telde) y La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria; Valle Gran Rey, en La Gomera; Fuencaliente, en La Palma, y El Golfo, en Lanzarote.