El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna (ULL) aprobó ayer un comunicado en el que manifiesta su rechazo hacia el real decreto-ley de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, al considerar que las medidas establecidas por el Gobierno central "dañan profundamente el modelo vigente de universidad pública basado en el principio constitucional de igualdad de oportunidades". Además de pedir la retirada del real decreto, el órgano colegiado instó al Ejecutivo regional a que "asuma su responsabilidad en el marco de sus competencias y garantice la financiación necesaria de las universidades públicas canarias, sin que esto repercuta en los precios de las tasas para los sectores menos favorecidos de la población". En el comunicado, la Universidad asegura comprender que la situación económica obliga a adoptar medidas de austeridad, pero considera "especialmente grave" que una de ellas sea recortar la financiación universitaria, "ya insuficiente y por debajo de la media europea". Aunque aún no se conoce el alcance real del recorte para educación, el rector, Eduardo Doménech, comentó ayer que algunas estimaciones hablan de 3.700 millones, de los que se calcula que un 3,6% correspondería a Canarias -unos 120 millones-, de los cuales más de la mitad iría a las universidades. Doménech confirmó que la Consejería de Educación ha adelantado su intención de situar el precio de las tasas académicas en el mínimo de la horquilla de precios que proponga el Ministerio de Educación. En cuanto al profesorado, el Ejecutivo regional también ha hablado de garantizar la plantilla, si bien ha solicitado a las instituciones que realicen estudios para detectar posibles casos de exceso de profesorado en algunas titulaciones.
