En pleno debate sobre recortes presupuestarios en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma, un grupo de trabajadores públicos ha sorprendido estos días con un llamativo plan de ajuste, que ha hecho llegar al Gobierno de Canarias, en el que proponen ahorrar 1.000 millones de euros en las arcas de la Comunidad Autónoma sin necesidad de tocar el sueldo de sus empleados.
La propuesta llega después de que el sindicato Intersindical Canaria (IC) propusiese una batería de 100 medidas que supondrían un ahorro en la Administración de las islas de 420 millones de euros.
Entre las alternativas de ahorro que propone este grupo de empleados públicos, algunas de las cuales van en la línea que intenta seguir el Ejecutivo, figuran reducciones de beneficios fiscales, supresiones de órganos como del Diputado del Común, bajadas de sueldos a los altos cargos y eliminación de asesores, entre otras.
Por precisar, según la propuesta formulada por los trabajadores públicos al Ejecutivo que preside Paulino Rivero, la eliminación del Diputado del Común, idea que ya ha planteado el Partido Popular, supondría un ahorro cercano a los 3 millones de euros. "Sus asuntos podrían ser tratados por el Defensor del Pueblo", señalan.
Mientras, con la reducción o suspensión de los beneficios de la RIC se podrían ahorrar unos 550.000 euros. Además, la Comunidad se ahorraría en torno a 100.000 euros si se produjese una disminución de los sueldos a los altos cargos autonómicos. Se refieren en este caso a aquellos complementos que se suman al salario -dietas, participación en comisiones-.
También proponen los empleados públicos eliminar "gastos superfluos" en las distintas consejerías, una sección que en los presupuestos de 2012 contempla una partida de 50 millones de euros. Algunos de estos gastos son la publicidad y propaganda y la celebración del Día de Canarias.
Fuera asesores
Pero las medidas propuestas no quedan ahí. La supresión de todos los puestos de "asesores" supondría un ahorro para las arcas autonómicas de 3,2 millones de euros. Considera este grupo de empleados públicos que las funciones que ahora ejercen estas personas es perfectamente realizable por personal de la Comunidad.
Entre las iniciativas planteadas al Gobierno figura también una reducción o supresión de las aportaciones a las empresas públicas, buscando más inversiones privadas para el sostenimiento de las mismas. Para estos conceptos el Ejecutivo destina este año en sus presupuestos cerca de 200 millones de euros. "La mayoría de estos trabajos podrían ser realizados por empleados públicos que figuran en las plantillas del Gobierno de Canarias y, de esta manera, se acabaría con las duplicidades actuales", apuntan los trabajadores públicos en el documento entregado el Ejecutivo.
El texto recoge también la eliminación de gastos informáticos "superfluos", esto es el software, las licencias correspondientes o su mantenimiento. En este caso, plantean utilizar programas con licencia de libre distribución, que se adapten a las necesidades del personal y que sean implantados por el personal del propio Gobierno. Para los distintos gastos relacionados con estos conceptos las cuentas autonómicas reservan en 2012 más de 4 millones de euros.
También se propone, aunque sin cuantificar, una reducción de los gastos del Parlamento de Canarias, para los que este año se reservaron 25 millones en los presupuestos autonómicos, la supresión de las subvenciones a organizaciones empresariales, políticas y sindicales y el control o eliminación de los móviles corporativos.