La Plataforma por la Dignidad de las Personas sin Hogar, la Asociación sin ánimo de lucro La Despensa, la Asamblea Sociosanitaria de Canarias y la Federación de Asociaciones Los Menceyes han denunciado ante la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias la actuación de compañías eléctricas como Iberdrola, que en los últimos tiempos ha procedido al corte del suministro eléctrico a familias en situación de pobreza o exclusión social que residen en el populoso barrio santacrucero de Añaza, despúes de que, por diferentes circunstancias, éstas se hubiesen retrasado en el pago. También hay algún caso de Endesa Canarias, aunque la incidencia es menor.

En una rueda de prensa celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Eloy Cuadra, portavoz de la Plataforma por la Dignidad de las Personas sin Hogar, explicó los detalles de varios casos que han detectado con parejas jóvenes e hijos a cargo que se han quedado sin luz durante días.

Tres de las familias con las que EL DÍA se puso en contacto reconocieron tener dificultades para abonar las facturas mensuales. En los tres casos, se trataba de personas en situación de desempleo, sin ninguna entrada económica puesto que ya habían consumido las pertinentes prestaciones y solo una de las mujeres afectadas percibía 426 euros procedentes de la Renta Activa de Inserción (RAI) por violencia de género. Todas tenían un mínimo de tres menores en casa y en alguno de los casos, aquejados de algún tipo de dolencia. A pesar de presentarse en las oficinas de atención al cliente que posee las compañía en Tenerife para advertir de esta situación no recuperaron el servicio hasta pagar la deuda con la ayuda de las asociaciones.

Cuadra aseguró que la ley contempla que "cuando una persona deja de pagar un recibo hay que comunicárselo por correo certificado y a partir de esa fecha tiene dos meses para pagarlo sin que puedan cortarle la luz. Aquí tenemos un caso donde reciben la carta a mediados de marzo y se la cortan a principios de abril". Las familias se quejan de que, en el caso de Iberdrola, no les llegan los avisos, ni se cumplen los plazos estipulados por la ley para ejecutar la suspensión en viviendas donde residen menores o enfermos dependientes de aparatos que necesitan esta energía.