Amnistía Internacional (AI) demandó ayer al Gobierno español que tenga los derechos humanos como "hoja de ruta básica e imprescindible de sus políticas", y le ha instado a no avanzar en la reforma sanitaria sin evaluar su impacto social en la ciudadanía.

Así lo expuso el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, en rueda de prensa en Cáceres, donde la organización celebra este fin de semana su XXXVIII Asamblea General con la participación de unos 330 activistas.

Beltrán señaló que la reforma sanitaria debe ser investigada por el Gobierno, al que le exigió que se asegure de que cualquier medida en salud y vivienda con motivo del recorte del gasto sea evaluada previamente, así como su efecto en grupos sociales con mayor vulnerabilidad.

"Debe conocerse su impacto, por ejemplo, para los enfermos crónicos cuando no puedan ir por urgencias a los ambulatorios", aseveró Beltrán, para quien "el Gobierno tiene que saber qué va a suponer esta reforma para las mujeres víctimas de malos tratos y cómo seguirán el tratamiento más allá de urgencias".

Por ello, indicó que Amnistía Internacional evaluará el impacto y seguirá velando por el derecho a la salud y a la vivienda, después de haber remitido dos escritos a la ministra de Sanidad, Ana Mato, en los que recuerda que normativas internacionales establecen "que nadie puede ser discriminado por no tener papeles".

Estas acciones se producen después de que todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados hayan apoyado adoptar un plan nacional de derechos humanos para vertebrar todas las políticas públicas, aunque aún está pendiente de desarrollo, según indicó.

Por su parte, el presidente de AI España, Alfonso López, explicó que entre los retos que afronta la organización este año destaca la firma del Tratado Internacional de Comercio de Armas (TCA).

El comité preparatorio ha incluido peticiones claves de Amnistía Internacional en los borradores que han elaborado para conseguir así un "control" sobre las armas que se exportan.

Según informes de la organización humanitaria, España exportó armas en 2011 en el contexto de las revueltas de la primavera árabe a países como Bahréin, Arabia Saudí y Egipto.