La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Canarias ha asegurado hoy sentirse "chantajeado" por los recortes del Gobierno regional, que pretende reducir en un cinco por ciento los ingresos de todos los empleados públicos y altos cargos de la Comunidad Autónoma.

Uno de los responsable del CSIF, Gabriel Galván, ha leído un manifiesto en rueda de prensa en el que se asegura que no están dispuestos a que el Ejecutivo canario chantajee a los empleados públicos haciéndoles responsables, si no aceptan los recortes planteados, del despido de más de 3.000 personas.

"Los únicos culpables están entre aquellos dirigentes políticos que no han sabido gestionar", ha afirmado Galván, quien ha lamentado que al final les van a dejar "sin sueldo y sin trabajo".

Estas declaraciones se producen después de que la semana pasada el Gobierno canario haya acordado reducir el 5 por ciento el salario de los empleados públicos, una medida que afecta a más de 62.000 trabajadores y que ahorraría en torno a los 130 millones de euros.

El portavoz del CSI-F ha explicado que este recorte no sólo repercutirá en los empleados públicos, también en toda la economía que gira a su alrededor, pues, según ha comentado, con menos dinero en sus bolsillos ahorrarán en el bocadillo de media mañana y en las compras de Navidad.

Este recorte, según ha detallado, afectará a unas 126.000 familias canarias, quienes, al ver como les quitan más de un mes de sueldo, dejarán de consumir de forma drástica.

Asimismo, ha denunciado que Canarias es la comunidad autónoma que más ha recortado en el sueldo de sus empleados público -"incluso por encima de Cataluña"- y ha criticado que todo sea consecuencia de "un pique político entre Soria y Paulino".

Hartos de que no les hagan caso, según ha dicho, el sindicato ha decidido no volverse a reunir con el Gobierno canario y hacer sugerencias a través de los medios de comunicación.

La línea que defiende el CSIF pasa por iniciar la senda del crecimiento y no la de la deflación como dice que está haciendo "este gobierno de canallas", según dijo Galván.

El sindicato propone que el Gobierno regional suprima o asuma las empresas públicas que duplican servicios, que los parlamentarios no cobren por ir a los plenos y que el Parlamento aporte 36 millones de euros que tienen generando intereses en sus cuentas.

También sugieren que los cargos públicos se sumen a las nuevas tecnologías para comunicarse "y se dejen de tanto viaje", que se elimine el contrato de asistencia técnica de diferentes programas informáticos y que tanto los parlamentarios como los altos cargos perciban el 50 por ciento de sus retribuciones como deuda pública.

Si aún aplicando estas medidas es necesario hacer algún "mínimo" recorte a los empleados públicos, "que no se pierda ese derecho y también se le abone con deuda pública", ha agregado el portavoz sindical.