En el transcurso de la asamblea de trabajadores del servicio urbano celebrada el jueves, los empleados de la empresa pública Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) pusieron sobre la mesa la propuesta de convocar una huelga ante el contenido del expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la compañía. Entre las medidas que contiene el mismo se incluye el despido de 117 trabajadores, de los que 35 corresponden al área de urbanos.

Si bien todos los sindicatos con representación en el comité de empresa coincidieron en que lo prioritario es "la defensa de todos y cada uno de los puestos de trabajo", las fuentes consultadas advirtieron de la existencia de "ciertas discrepancias" entre los representantes sindicales a la hora de afrontar el problema suscitado. En cualquier caso, el sindicato mayoritario, Intersindical Canaria (IC), está en disposición de "generar avances" con el propósito de buscar un acuerdo satisfactorio para todas las partes.

En esta circunstancia, los trabajadores aplazaron la toma de decisiones sobre la convocatoria de la huelga hasta constatar la disposición de la empresa a llegar a acuerdos, algo que se sabrá en breve y que será evaluado en la asamblea de trabajadores convocada para mañana.

Cabe recordar que el ERE presentado por Titsa se aplicará, si no hay un acuerdo previo, en el plazo de un mes y que supondrá, en tal caso, el despido de 117 trabajadores de toda la plantilla, de los que 35 corresponden al servicio urbano y el resto, al interurbano.

Titsa establece como premisa para avanzar en la negociación que se proceda a la unificación de los convenios vigentes en los servicios urbano e interurbano, algo en lo que tampoco hubo acuerdo entre los representantes sindicales.

El ERE suspensivo o temporal supondría que cada trabajador pasaría a la condición de parado, si bien aquí la empresa pública ha planteado que solo puede admitir que cada empleado esté en esta circunstancia quince días al año.

Otras medidas que contempla el expediente de regulación de empleo son el incremento de las tarifas, la reducción y/o eliminación de bonificaciones sociales a mayores y personas con movilidad reducida, entre otros colectivos, además de la supresión de una de las cuatro pagas extraordinarias que tienen los 1.600 empleados con que cuenta Titsa.