Margarita Ramos, consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno canario, señaló a EL DÍA que las recientes declaraciones del ministro de Industria, José Manuel Soria, y la posible autorización para hacer prospecciones en las islas son asuntos que preocupan en el Ejecutivo autonómico.

Señora Ramos, ¿Cuál es la posición del Gobierno de Canarias sobre este asunto?

Pues la posición del Gobierno de Canarias es clara y firme, cualquier actuación, cualquier decisión o cualquier iniciativa que el Gobierno de España desde el Ministerio de Industria pretenda emprender en relación con un aspecto de carácter estratégico y fundamental para el presente y futuro de Canarias debe, inexcusablemente, trabajar con el Gobierno de Canarias. Debe buscar el consenso del Gobierno de Canarias y de las instituciones de las Isla. Por tanto, hasta que ese consenso no se busque y se articule, entendemos que el Estado no debe continuar adelante con ningún tipo de iniciativa que suponga una incidencia en aspectos fundamentales y estratégicos para el devenir de las islas Canarias.

Pero en esas declaraciones del ministro Soria se contemplaba que se buscase una fórmula para que el archipiélago obtuviese algún beneficio...

Eso es algo que resulta obvio. No se pueden poner en marcha operaciones o iniciativas del signo que sea, de espaldas a los residentes en las islas. Cualquier actividad económica que se ponga en marcha aquí, tiene que repercutir en el bienestar social y económico de los ciudadanos que, al fin y al cabo, son lo más importante. Ahora bien, dicho esto, nosotros no vamos a dar ningún paso en falso con este asunto y en todo caso, estamos a la espera de que, desde el Ministerio, se nos indique con claridad qué es lo que se pretende hacer, de qué se trata porque el Gobierno de Canarias, a fecha de hoy, no tiene ningún conocimiento de una iniciativa o actuación específica que se quiera llevar a cabo. Lo que conocemos es a través de los medios de comunicación, pero entendemos que esos no son modos de proceder desde el punto de vista institucional.

Pero consejera, ¿usted sabe que no es obligatorio, siendo como son, aguas españolas?

Bueno, pero yo creo que un sistema democrático y en un modelo de Estado como el que organiza la Constitución, que es un modelo autonómico, el Ejecutivo central, aún cuando tiene competencias atribuidas, porque o bien la Constitución o legalmente se le reconocen, nunca puede actuar de espaldas a la comunidad autónoma sobre la que repercuten directamente los efectos de una decisión del Estado. Si esta cuestión se hubiese planteado con otras comunidades autónomas como el País Vasco o Cataluña, ya a estas alturas hubiéramos tenido un verdadero conflicto institucional. Estamos siendo prudentes, estamos siendo cautos y esperamos que el ministro entienda que este tipo de manifestaciones solamente se pueden llevar a cabo en el marco de un consenso con la Comunidad Autónoma.

Eso ya se ha producido. Ese es al menos el caso de la comunidad valenciana y la queja de su alcaldesa, Rita Barberá, ante la posibilidad de que se efectuaran prospecciones en una zona eminentemente turística de su litoral y que el señor Soria se ha comprometido a estudiar....

Estas son las cuestiones que nos permiten expresar las dudas que tenemos acerca de la consistencia de las afirmaciones que se hacen. No se pueden lanzar mensajes de carácter tan contradictorio sobre la misma materia. Canarias determina que necesariamente se establezca un intercambio de comunicación con carácter bilateral para abordar este tema. ¿Se podría hacer a espaldas del Gobierno de Canarias? Obviamente, claro, se podría hacer, pero eso tendría unas consecuencias tan negativas que quedarían gravemente dañadas las relaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma.

¿Podría generar un conflicto internacional, como dijo César Muro, el jefe del Mando Militar de Canarias, recientemente?

Esta cuestión tiene un alcance que se extiende más allá de lo que son las relaciones bilaterales e indudablemente se trata de un aspecto que puede llegar a tener repercusiones de índole internacional. El tema es tan delicado, desde el punto de vista institucional, medioambiental, económico y social que este tema merece ser tratado con absoluto respeto y rigor.

Una última cuestión, ¿prospecciones sí, prospecciones no o bajo qué condicionantes?

Tratando de ser coherente con mis declaraciones anteriores, yo precisamente, que estoy demandando respeto institucional y denunciando la carencia de una actitud de respeto institucional, no voy a incurrir en esa práctica y no me voy a pronunciar de manera unilateral sin que se haya producido un marco adecuado de encuentro entre las instituciones afectadas.