El pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz entre CC y PSOE no entró ayer en crisis, ni mucho menos (si se atiende a lo dicho por ambos socios), pero sí vivió su primer momento crítico con algo muy simbólico. El resultado final podría entenderse a priori como profundamente coherente con la línea de ambos partidos (por lo menos de los últimos años), aunque la votación sobre la operación de compraventa de Las Teresitas, que dividió por primera vez a nacionalistas y socialistas en este mandato, dejó mucha letra pequeña y cargas de profundidad que, probablemente, se repitan en el futuro con este y otros asuntos.

La relevancia de la moción de "reprobación social y política" a los gobiernos de Zerolo por lo ocurrido con el caso Las Teresitas, presentada por José Manuel Corrales (Por Tenerife), quedó evidenciada incluso antes del pleno por el retraso de más de 30 minutos que se produjo por una reunión en Alcaldía de los socios de gobierno.

Corrales no solo repudiaba la actuación de los políticos imputados, sino que pedía que se combatiera "con contundencia" todas las formas de corrupción y que no se amparase a los presuntos corruptos "con privilegios procesales como el aforamiento", en clara alusión al ex alcalde y ahora senador, Miguel Zerolo. Asimismo, insistía en la voluntad municipal de ejecutar las sentencias para "restablecer la legalidad y rectificar el disparatado acuerdo de compraventa", al tiempo que instaba a seguir con las gestiones para recuperar el dinero (casi 75 millones con intereses) y que el consistorio se personara en la causa penal ante "el grave perjuicio irrogado al erario público".

Pedro Arcila (SSP) y Guillermo Guigou (Ciudadanos) apoyaron sin fisuras la moción y reiteraron la gravedad del "desfalco" sufrido por las arcas locales. El PP prefirió pronunciarse al final y Julio Pérez intervino en nombre del PSOE para plantear un texto alternativo, al estar de acuerdo con gran parte del fondo, pero discrepar de algunos términos de la moción, como "reprobar", o que se hablase de forma genérica. Según recalcó, y utilizó también luego para oponerse a una moción de SSP para abrir expedientes de responsabilidad personal de políticos anteriores por éste y otros asuntos (Mamotreto, Casa Siliuto, licencia de una industria en la Montaña de Taco...), el pleno no puede pronunciarse de esa manera ante casos que ya están en vía judicial y que han de dilucidar los tribunales. Además, lamentó que la moción no aludiera al criterio de los servicios jurídicos municipales y subrayó que el gobierno ya está actuando en coherencia con la anulación de la compraventa y en pro del interés general, al reclamarle casi 75 millones de euros a los empresarios, "que pueden ser más si sigue pasando el tiempo".

Por CC, tomó la palabra su portavoz, Carmen Delia González, quien reforzó esa tesis del interés general ("hasta las últimas consecuencias si es necesario", dijo) y quien ni siquiera descartó que el consistorio se persone en la causa penal, aunque siempre en función de lo que digan los servicios jurídicos. Eso sí, le reprochó a Corrales "su obsesión por buscar culpables y no soluciones", aparte de criticarle por "haber juzgado, condenado y dictado sentencia. Nosotros esperaremos a la justicia", remachó en un anticipo de la postura del PP, partido que, al principio, no veía mal el texto del PSOE.

Tras una polémica en torno a si se podía o debía votar la moción o la enmienda por separado, y después de que el edil de Urbanismo, José Ángel Martín, interviniera para sentenciar que, en el fondo, todos estaban de acuerdo con rechazar lo ocurrido, afirmación que motivó que Hilario Rodríguez (CC) se excluyera en alto, se acordó un receso de 20 minutos. Un tiempo que sirvió para que el PSOE y Corrales consensuaran cambiar el término "reprobar" por "rechazar", así como mencionar a los servicios jurídicos.

Este texto definitivo contó con el apoyo de SSP y Ciudadanos, la abstención del PP (que lo creyó poco claro y que solo se pronunciará cuando resuelvan los tribunales) y el rechazo de CC. El empate a 9 fue resuelto con el voto de calidad del alcalde sin que, en principio, se abra una crisis en el pacto, según ambos partidos.