El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha situado la política de inmigración y emigración en una Secretaría General dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, rebajando así la importancia que en el ámbito administrativo han tenido estas dos materias durante las dos últimas legislaturas, según la estructura orgánica de este departamento publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Estos asuntos, que encabezaban el gabinete anterior, denominado Ministerio de Trabajo e Inmigración, y que contaban con su propia Secretaría de Estado, quedan ahora relegados a un tercer nivel administrativo, bajo el nombre de Secretaría General de Inmigración y Emigración.
De esta secretaría dependerá la única Dirección General contemplada para abordar estas políticas, la Dirección General de Migraciones, que según el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge la eliminación de las cuatro que hasta ahora existían: la Dirección General de Inmigración, la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y la Secretaría General Técnica de Trabajo e Inmigración.
La nueva disposición contempla asimismo una Dirección General integrada en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y que se encargará de Relaciones Internacionales y Extranjería.
Para la presidenta de la entidad colombiana AESCO, Yolanda Villavicencio, "reducir el estatus" de estas políticas "puede afectar indudablemente" al desarrollo de las mismas, aunque confía en que al menos en materia de integración de los extranjeros se mantenga la apuesta del Ejecutivo.
"Esperamos que la política de integración, que es en la que ahora mismo se centra la atención, no cambie porque la integración y las medidas que la promuevan siguen siendo muy necesarias, sobre todo en un momento en que se necesita mantener la cohesión social y atender a las personas más afectadas a la crisis", señaló Villavivencio en declaraciones a Europa Press.
Por su parte, el portavoz de la asociación hispano-marroquí ASISI, Hassam Arabi, señaló que "dentro de lo malo, es una noticia buena" que se haya creado una Secretaría General, ya que, en su opinión, lo importante es que "haya un interlocutor con las asociaciones" que representan o atienden a la extranjería en España.
Además, apuntó que se trata de una medida "razonable" teniendo en cuenta "la situación de crisis". "Hemos visto que por el tamaño de la inmigración podría tener su propio ministerio, pero tenemos que entender la situación y los recortes", añadió.
Más extranjeros
La esperada aprobación del Reglamento de la Ley de Extranjería, que llegó con más de año y medio de retraso, fue la medida más destacada en la materia en un año en el que si bien la inmigración se ha mantenido en progresivo descenso, la población extranjera con permiso de residencia en España ha superado por primera vez los cinco millones de personas.
La barrera se cruzó en el primer trimestre del año, y el último dato facilitado por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, actualizado a 31 de septiembre, fijaba en 5,2 millones de personas el número de extranjeros que viven en España con un permiso de residencia tras un incremento interanual del 9,2%, en general, y del 11,7% entre los procedentes de países no miembros de la UE. Con todo, según la estimación de la evolución demográfica actual del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde enero están saliendo del país más personas de las que entran. Así, hasta septiembre, la comparación entre ambos recuentos (saldo migratorio neto) revela 55.625 bajas, cuando 2009 y 2010 se habían cerrado con saldos positivos.
En materia de inmigración irregular, el balance es desigual, pues si bien la cifra de llegadas en pateras y cayucos sigue muy por debajo de la registrada en años anteriores, durante 2011 las costas andaluzas acusaron un incremento del 55 por ciento respecto de 2010, con 3.100 personas. Además, en otoño comenzaron a registrarse intentos de entrar a nado en Ceuta y Melilla, con más de un centenar de personas interceptadas, según los datos recogidos por Europa Press.
En Canarias, las llegadas aumentaron un 60 por ciento: 294 personas a bordo de 19 embarcaciones clandestinas llegaron hasta las islas. No obstante, Tenerife no ha acusado ningún arribo de estas barcazas desde septiembre de 2009.