La Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales y el Colegio de asistentes sociales de Las Palmas expresaron ayer su "malestar" por la marcha de las políticas de atención a los desfavorecidos, que dicen empeorará con los recortes previstos por el Gobierno Autónomo.

Y es que en los presupuestos se ha previsto "un importante recorte del 14 por ciento para 2012 por lo que se deja de invertir en servicios sociales", 43 millones de euros menos cuya desaparición hace que los fondos destinados a ese capítulo pasen de 310 millones en 2011 a 267 el año próximo, ha asegurado el presidente del Colegio de Diplomados en Trabajo Social de Las Palmas, David Muñoz.

Sosteniendo que ésa es una rebaja que no se debe aplicar, pues supondría incrementar la precaria situación social de las Islas, donde 3 de cada 10 personas, aproximadamente 752.074, están en riesgo de pobreza o exclusión social.

Menores en desamparo, mayores sin ayuda, personas en situación de exclusión social o con problemas de drogas y víctimas de violencia de género, entre otros, serán los afectados por este recorte, que, además, implicará rebajar más los fondos de la prestación básica de inserción destinada a personas sin ingresos, que ya este año han tenido retrasos al cobrarla por falta de liquidez, dijo.

También se verá afectada negativamente la ya de por sí atrasada implantación en Canarias de la llamada Ley de Dependencia, que se aplica en el Archipiélago con mayor lentitud que en el resto del país debido a un "bloqueo en la gestión" por parte del Gobierno Autónomo, agregó.

Koldobi Velasco, portavoz de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales que compareció junto a Muñoz en rueda de prensa, resumió gráficamente la situación señalando que Canarias es la segunda comunidad autónoma en que menos se invierte en servicios sociales, al estar ese gasto en "la ridícula cifra de 126 euros por habitante y año".

Frente a esa coyuntura, explicó que desde la red y desde los colegios de diplomados en Trabajo Social y asistentes sociales de las dos provincias canarias se ha promovido un manifiesto que han suscrito ya 3.000 personas y una treintena de colectivos sociales y profesionales para exigir que no haya recortes en la materia por parte del Gobierno Autónomo.

Una exigencia que David Muñoz recordó que ya plantearon los autores del manifiesto el mes pasado en dos informes que remitieron a la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, a la que criticaron por no atender sus demandas pese a sus argumentos.

En ese contexto, que contradice el discurso del Ejecutivo sobre que los elaborados para 2012 son unos presupuestos sociales, la red y los colegios de asistentes sociales isleños han decidido emprender "todas aquellas iniciativas precisas para denunciar esta situación y hacerla visible ante la sociedad canaria", añadió.

Campañas de crítica a la actitud del Gobierno en los medios de comunicación, movilizaciones y hasta posibles reclamaciones por vía judicial de que se cumplan disposiciones legales sobre la asistencia a los desamparados que los denunciantes consideran que el Ejecutivo no aplica o lo hace deficientemente son las medidas que barajan, precisó David Muñoz.

El presidente del Colegio de Diplomados en Trabajo Social de Las Palmas agregó que su posicionamiento ante las autoridades no solo es reivindicativo, en tanto que también han sugerido al Gobierno distintas propuestas para mejorar y hacer más eficaz la gestión económica de los servicios sociales, como que se coordinen Comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos para no solaparse ni generar obstáculos al aplicar las competencias que tiene.