ESTAMOS asistiendo, nada más y nada menos, que a un linchamiento moral de la sociedad tinerfeña. Personas honorables, exoneradas de un grave delito como es el de cohecho, y otras que nada tienen que ver con el llamado caso Las Teresitas -que a este paso no es caso ni es nada- ven sus nombres escritos en un intolerable juicio paralelo, reducido ya a un periódico de Las Palmas, "La Provincia", y al pequeño caballo de Troya que han metido en Tenerife, medio residual y que ha de recurrir a un show judicial/policial indecente para intentar vender. Sin éxito.

EN los informes policiales, tan disparatados que ni siquiera han servido para que los inexistentes delitos de cohecho pasaran al Tribunal Supremo, porque han sido archivados, se eleva a suceso extraordinario cualquier conversación normal y han sido filtrados diálogos que nada tienen que ver con el sumario, que debían haber sido borrados del mismo por orden judicial. Y, si vamos más lejos, no olvidemos la actuación del impertinente inquisidor contra Tenerife, el exministro López Aguilar, el peor titular de Justicia de la democracia. Puede que ahí esté el origen de toda la trama contra la sociedad tinerfeña.

PORQUE se trata de un juicio a toda la sociedad tinerfeña y a empresarios de la valía, el sacrificio personal y la bonhomía de Antonio Plasencia Santos y de Ignacio González Martín. Sus familias han sido molestadas y perseguidas e investigadas con saña; qué decir de Miguel Zerolo, una persona decente, cuya actividad pública y privada ha sido mirada con lupa, filtrando además conversaciones con terceros que nada tienen que ver con el caso. Zerolo pertenece a una honorable saga tinerfeña de políticos, médicos, empresarios, intelectuales, artistas... y este juicio mediático, auspiciado por un disparatado informe policial, que pasará a la historia bufa de la Policía Nacional, a lo mejor tiene que ver con el hecho de que Zerolo sea el único político de su partido, Coalición Canaria, capaz de empuñar la antorcha nacionalista. ¿Dónde está una declaración del supuesto alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, defendiendo a su compañero, atacado injustamente por ese medio de Las Palmas? ¿Dónde está una nota del partido de Paulino Rivero y de Claudina Morales defendiendo la honorabilidad de Zerolo, la misma que ha reconocido la jueza Bellini a instancias de la fiscal Martínez, que lo exoneran del principal delito de cuantos le atribuían -los demás caerán solos-?

Y QUÉ decir de otras honorables familias chicharreras, de historia sin mácula: José Emilio García Gómez, exalcalde, y persona honesta en su profesión y en su vida pública y privada; Emilio Fresco, un político socialista intachable, abandonado por su propio partido; Manuel Parejo, médico y exedil de Santa Cruz, perteneciente a una extraordinaria familia tinerfeña; José Luis Martín, un profesional de la sanidad, miembro del PSOE, que no tenía poder decisorio alguno en la corporación cuando se tomaron acuerdos sobre Las Teresitas. Y así, el resto de los técnicos imputados.

HA sido una causa general contra la sociedad tinerfeña, originada en sus comienzos por tres o cuatro perdedores, de los que este pueblo nuestro abomina: Santiago Pérez, un eterno derrotado, resentido políticamente y agriado todo el mundo sabe por qué; un tal José Ángel Martín, aupado ahora a la Concejalía de Urbanismo de Santa Cruz, a la que ha llegado a empujones; y otros individuos que han hecho de la denuncia su medio de vida.

Y, DETRÁS de todos ellos, Juan Fernando López Aguilar, que extendió por España y por Europa el nombre de Canarias como el de una sociedad corrupta. Que creó las Fiscalías Anticorrupción para convertir a España y a Canarias en sus jardines. Que propició la llegada a Canarias de jefes superiores de policía cuyos agentes perseguían a los empresarios por los edificios terminales de los aeropuertos, con las cámaras de la televisión -avisadas convenientemente- detrás de ellos; que detenían a honrados ciudadanos cuando llevaban a sus niños al colegio; que convirtieron la política en una presunta actividad indecente, filtrando sumarios teóricamente secretos a determinados medios; que intentaron hacer dudar a la comunidad de la hidalguía de personas honorables -José Manuel Soria incluido-, en unos intolerables juicios paralelos. Este fue el terror policial y judicial de López Aguilar y de sus secuaces.

TAMBIÉN vemos detrás de esto a determinados prebostes de Las Palmas, esos que se escudan en "La Provincia" para procurar su hegemonía. Esos que detestan a Tenerife, a sus empresarios y a sus políticos, amiguitos de López Aguilar. Porque creemos que el caso Las Teresitas es un ataque frontal al empresariado tinerfeño, representado por sus dos inversores principales: Ignacio González y Antonio Plasencia. Dos personas que se han ganado la vida trabajando, creando empleo, abriendo empresas e invirtiendo dentro y fuera de Canarias. Los han tratado como delincuentes para, al final, tener que concluir que son decentes y que no compraron a nadie.

YA está bien. Tenemos que pedir el traslado inmediato y que sean expedientados, o al menos que se abra una investigación oficial sobre su actuación, a los policías que han intentado elevar a delito situaciones absolutamente normales de la vida diaria. Que se han gastado millones de euros de los contribuyentes en una investigación estéril. Que se han atrevido a atribuirle a Zerolo viajes "privados" a Nueva York, a países de África, viajes que eran oficiales y pagados por instituciones, con luz y con periodistas en ellos. Que elevan a raro el hecho de que el alcalde utilizaba poco su tarjeta de crédito. Pero qué disparates son estos. Y que, en ocasiones, han confundido a jueza y fiscal. Que han prorrogado innecesariamente un caso que nunca existió hasta los seis años de instrucción. Qué vergüenza. Nada menos que seis años para no demostrar absolutamente nada y sí para quitar la fama -como están haciendo "La Provincia" y su sucursal pequeñita- a personas dignas, honestas y honorables. Ya está bien, decimos nosotros, de ese periodismo abyecto, practicado por pequeños sicarios de baja cuna y menor estofa. Para nosotros, el caso está cerrado. Cuando el Tribunal Supremo lo reciba que haga lo que sea con él, de acuerdo a derecho. Pero nos da la impresión de que el caso Las Teresitas ha muerto. Ahora hay que esperar, si al Ayuntamiento de Santa Cruz le queda una pizca de inteligencia, que se ponga de acuerdo con los empresarios Plasencia y González y que la capital de Canarias tenga, de una vez, una playa y una gran zona residencial y de expansión.

UN ayuntamiento tan torpe que califica de "mamotreto", y pretende derribar, un precioso edificio de Dominique Perrault, uno de los mejores arquitectos del mundo. ¡Cuántas ciudades no se pelearían por tener una obra suya! Un ayuntamiento que no ha alzado la voz para defender a su honorable exalcalde. Qué bajeza moral y qué desilusión.

EL DIA no va a entrar en este juego, señores. EL DIA defenderá con uñas y dientes, con todo el poder de la razón, a empresarios y a políticos honrados. Y atacará a los que no lo son. EL DIA y su director y editor tienen ya muchos años y muchas horas de desvelos por la sociedad tinerfeña para dejarse embaucar por juicios paralelos, por informes policiales disparatados y por algunas actuaciones judiciales. Ya está bien. Y, sí, entonamos, como hizo Emile Zola en aquel aquel famoso caso Dreyffus, un contundente "Yo acuso" contra quienes están detrás de borrar del mapa a los honrados miembros, dirigentes políticos y empresarios tinerfeños y a la propia sociedad en general. ¡Basta ya! Ni la Justicia ni la Policía deben volver a actuar igual que lo hizo en el pasado la Santa Inquisición.

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Cada día está más cerca la eterna primavera de Tenerife y la primavera de Canarias nación y Estado, con los tres poderes propios de todos los países libres y soberanos: legislativo, ejecutivo y judicial. Canarias una, Canarias grande, Canarias libre. ¡Dios, que se nos devuelva una Canarias libre! ¡Viva Canarias libre!