PERO qué se creen. Es vergonzoso. El país sufre una situación de profunda crisis económica y estos irresponsables agravan aun más la saturada prestación de este servicio básico. Indignante. Que los funcionarios vayan a la huelga en la sanidad pública evidencia también una honda crisis de valores, no solo por ellos, sino por la escasa contestación del resto de la sociedad.
Porque, en realidad, ¿qué piden? Ni periodistas ni los propios responsables políticos han sabido descifrar qué se esconde detrás de estas jornadas de paro. Dicen que se va a destruir no sé cuántos puestos de trabajo y que se va a mermar la calidad del servicio que recibe el ciudadano. Por muy denunciable o injusto que fuera este nuevo escenario, en su caso, no es motivo suficiente para declarar una huelga. El derecho a la huelga está pensado para otra cosa.
Cuando escuchamos que el personal sanitario pone el grito en el cielo por tener que trabajar las treinta y siete horas y media a la semana (que establece el estatuto de la función pública, la ley, ojo), solo se me ocurre preguntar quién autorizó que se vinieran realizando solo treinta y cinco. Y por qué nadie -¡ni siquiera la oposición!- pide explicaciones por esas dos horas y media no trabajadas de tantos miles de funcionarios durante tantos años.
Y luego nos escandalizamos con las pensiones que el gobierno griego pagaba a sus difuntos... Esto es mucho más grave, porque unos y otros son cómplices del fraude. Fraude a los ciudadanos, a los contribuyentes que apechugan con las inclemencias del paro o las penurias que padecen sus empresas. Tremendo. Y no les da vergüenza; los representantes sindicales confiesan su disgusto en rueda de prensa.
Y digo yo que tendrán nombre quienes firmaron esos acuerdos en los que se pactó reducir la jornada con sus carísimas consecuencias, expedientes que dormirán en algún archivo el sueño de los justos. Qué falta hace que alguien pague y se responsabilice, de una vez por todas, por perpetrar semejante atraco al erario. Sí, amigo, atraco a usted, a mí y a todos.
Por si fuera poco, los convocantes justifican el paro como protesta contra los recortes que la Administración plantea para reducir los gastos y tratar de equilibrar las cuentas, es decir, que expresan beligerantes que no están de acuerdo, que les parece mal esa solución, vaya. Otra grave incongruencia: van a la huelga para hacer política, mas no sorprende tal conducta sindical.
A estas alturas, con la que sigue cayendo, aún no se prohíben huelgas ilegales de estas que no persiguen mejoras laborales; quizás todavía no hemos tocado fondo.
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