Los servicios sociales de los 88 ayuntamientos de las Islas están desbordados, y es que desde finales de agosto se están haciendo cargo de una "avalancha" de personas a las que les corresponde una Prestación Canaria de Inserción (PCI), pero a las que la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias aún no se las ha concedido, debido a que los fondos previstos para estas ayudas se agotaron en el mes de agosto.

Aunque se desconoce a ciencia cierta cuántas personas podrían encontrarse en esta situación, desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife se asegura que "son varios cientos, puesto que solo en el municipio de Arona son más de una treintena".

De esta manera, la Consejería lo que ha hecho es ampliar la partida presupuestaria, pero solo para garantizar el cobro de la ayuda a las personas a las que se les había concedido antes de agosto hasta su finalización, y solo cuando alguna de estas concluye, concede una solicitud de las cientos que están pendientes. Así, en el mes de septiembre solo se reconoció a cuatro nuevos beneficiarios, -según confirma la propia Consejería- frente a los cientos de los meses anteriores.

La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, Rosa Belén Luis, recuerda que "la situación no es nueva", ya que "es el tercer año consecutivo en el que sucede esto", explica antes de insistir en que "el índice de exclusión social en Canarias dobla al estatal".

"Nosotros (la junta directiva del Colegio) nos reunimos con la consejera y ella nos dijo que iba a mantener el mismo presupuesto el próximo año, que no iba a haber recortes, pero el problema es que solo llega hasta agosto, o incluso ni eso si la demanda de solicitudes sigue creciendo".

Pero si desde finales de agosto o principios de septiembre las personas que cumplen los requisitos establecidos por la PCI y con derecho a esa ayuda no la están percibiendo, ¿Cómo están subsistiendo? ¿A dónde acuden? ¿Qué recursos les quedan?

"Absolutamente ninguno -responde la responsable colegial-, porque a estas fechas el resto de las administraciones públicas en estas fechas también se quedan sin presupuestos y no les pueden dar respuesta con ayudas de emergencia social, por ejemplo. Eso es lo peor de todo, que les corresponde una ayuda, no la tienen y no hay nada que se pueda hacer durante tres, cuatro o cinco meses. Lo que suele ocurrir es que acuden al Banco de Alimentos o Cáritas para al menos conseguir la alimentación básica, pero, por ejemplo, para no perder su vivienda o pagar las facturas básicas, todo dependerá de la ayuda que le puedan prestar en cada administración local". Y sentencia: "En cualquier caso, todo el peso recae en los servicios sociales municipales".

Preguntada sobre la explicación que de esta situación se da por parte de la consejera responsable, Inés Rojas, Luis subraya que "su discurso es que el problema radica en que se le da cobertura social a personas que no cumplen los requisitos y que, como estamos en crisis, se está haciendo la vista gorda para dar respuestas al mayor número de personas".

"Para nosotros esa no es la realidad, ni mucho menos. Por ejemplo, ahora mismo estamos atendiendo a personas que hace tres años estaba en una situación normalizada, pero que con el desempleo se han colocado en riesgo de exclusión social. La Consejería defiende que la exclusión social no se da solo por estar desempleado sino que también tiene que haber otro tipo de situaciones de desprotección y carencia de redes sociales y familiares, pero es que hoy en día la gran mayoría de las personas cumple con esos requisitos", abunda la experta en atención social.

Por si fuera poco, los trabajadores sociales municipales se encuentran con situaciones complicadas en el trato con estos usuarios, según reconoce la presidenta del Colegio Oficial, "puesto que es muy complicado explicarle a una persona que tienen derecho a una ayuda y que la necesita urgentemente que tiene que esperar dos, tres, cuatro o incluso cinco y seis meses", que narra que a veces incluso algunos de ellos se muestran violentos o agresivos "por la impotencia y la rabia".

Precisamente este jueves se celebró en el municipio sureño de Arona una concentración de parte de los afectados en señal de protesta contra la demora en la concesión de las ayudas a los nuevos solicitantes.

Con consignas como "consejera, cumple la Ley", "basta de trabas administrativas, menos burocracia", "son nuestros derechos, no es una limosna", "que se respete la Ley, no mentiras", "Ley de Prestación Canaria de Inserción, no se cumple. No más engaño", "No a la burocracia, resuelvan en tiempo los expedientes" y "No me juzgues, entiende mi circunstancias", la treintena de asistentes solicitaron a la Consejería una respuesta inmediata a su situación "de abandono social" y que se comprometa a que el próximo año esta situación no vuelva a darse.

"Es bueno que el presupuesto no baje, pero es que si no sube, solo se puede ayudar a la mitad de la gente que lo necesita, y eso tampoco es justo", sentencia la representante colegial.