Si el pleno de ayer en el Ayuntamiento santacrucero hubiese contado con mociones del PP, o no se habría podido abordar las numerosas preguntas, como pasó en el último, o habría durado más de diez horas. Pese a la estrategia popular de centrarse en cuestiones económicas, la sesión volvió a ser densa en muchos tramos y muy cansina en otros, con casi siete horas de duración, aunque con múltiples acuerdos o anuncios de gran relevancia, como que el consistorio, a través del Plan General, cierra la puerta a largo plazo a la instalación en la ciudad de grandes superficies comerciales.
Este acuerdo surgió tras la presentación, por parte de José Manuel Corrales (Por Tenerife), de una moción en la que planteaba una moratoria en Canarias sobre grandes superficies; el rechazo local al Plan Territorial, que, según su interpretación, prevé seis nuevos centros de este tipo en la capital, y el apoyo firme a las pymes de Santa Cruz. Corrales no convenció al PP, pero contó con el apoyo "sin fisuras" de Pedro Arcila (Sí se Puede) y Guillermo Guigou (Ciudadanos), quienes calificaron de "despropósito" que se barajase la creación de seis grandes superficies en la ciudad, al poner en peligro los 18.000 empleos del pequeño y mediano tejido empresarial capitalino.
Este sombrío panorama, sin embargo, fue disipado por el primer teniente de Alcalde, Julio Pérez (PSC), quien recalcó desde el principio que el Plan Territorial no contempla seis grandes superficies, sino seis potenciales sitios para su ubicación y que, en todo caso, la decisión de permitir o no su apertura depende del Cabildo, la Cotmac y otros órganos, pero, sobre todo, del ayuntamiento. En este sentido, insistió en que no se debía sacar la cuestión de contexto ni alarmar sin necesidad ni base a las pymes y futuribles emprendedores, si bien Guigou advirtió de que, "si se contemplan los sitios, se acaban haciendo".
Para reforzar su argumentación, Pérez indicó que había mantenido reuniones con técnicos de la Consejería de Industria y que le habían trasladado que las previsiones del Plan eran precisamente "técnicas". Además, y frente a la lectura que hacían Corrales, Guigou y Arcila, recalcó que esta planificación garantiza, entre otras cosas, que no haya especulación porque se concreta a priori los sitios potenciales para ubicarlas, aunque aclaró también que el concepto de gran superficie se ha ampliado y diversificado y que, por tales, puede entenderse ahora supermercados y pequeños centros comerciales. Además, subrayó que, de esta manera, las administraciones no irían por detrás de las empresas a la hora de adecuar los lugares con vías y servicios, tal y como pasó en La Laguna.
En línea con Pablo Matos (PP), el concejal socialista matizó que no tenía sentido ni valor jurídico que el consistorio planteara una moratoria regional y se opusiese a estos centros en otros lugares ("ni siquiera en La Laguna"), proponiendo luego una enmienda para dejar claro que el ayuntamiento apoyaba con firmeza a las pymes locales y que, en todo caso, el Plan creaba cierta preocupación.
No obstante, la confusión siguió y Corrales le lanzó a Pérez un pequeño órdago al señalar que su moción era "calcada" a la que presentó en La Laguna el, por entonces, portavoz socialista de Aguere y ahora director general de Comercio, Gustavo Matos. Antes de pronunciarse sobre la enmienda, Arcila pidió que el gobierno aclarase si apostaba o no por la apertura de grandes superficies. Fue entonces cuando irrumpió en el debate el edil de Urbanismo, José Ángel Martín, para dejar claro que el nuevo PGO no prevé ninguna nueva gran superficie y que el gobierno tampoco tiene intención de propiciar su instalación, lo que fue reforzado en varias ocasiones luego por Julio Pérez.
Al temer que el PP se opondría, Corrales mostró su sorpresa por las continuas referencias y mociones conservadoras en favor de las pymes. Matos le invitó a incorporar las cinco propuestas de su grupos en este ámbito, pero las posturas se mantuvieron.
"Concejal" número 28
Al final, el secretario improvisó un texto en el que se explicita "la preocupación municipal ante el Plan, el apoyo a las pymes locales y que no se permitirá ninguna gran superficie, siempre en el marco del PGO". Eso sí, sin poner fecha tope porque no sería ni realista ni inteligente. Su intervención despertó, incluso, una irónica, pero sincera, admiración de la mayoría de grupos (pareció casi que estaba ejerciendo como concejal número 28), aunque creó estupefacción en el PP, que se abstuvo al considerar un galimatías que el pleno se dirigiese a sí mismo para asegurar que no respaldaría ninguna nueva gran superficie.
El resto de la sesión deparó importantes acuerdos sobre la petición al Gobierno regional de que delegue sus competencias sobre discapacidad a los ayuntamientos para que las islas no sigan a la cola en la aplicación de la nueva ley, así como sobre la delegación en la junta de gobierno de las facultades para hacer realidad el rescate de 180 licencias de autotaxi en los próximos 10 años, sobre la financiación regional de las escuelas infantiles o la dación en pago de las hipotecas o medidas en contra de los desahucios por causas económicas. También se aprobó una subida del IBI del 2,8% y del impuesto para vehículos pesados y se anunció que el PGO vendrá a pleno antes de fin de año.