"La Consejería de Canarias incumple su propia normativa". Así de contundente se muestra un grupo de profesores con discapacidad que acusa a la Administración educativa canaria de convertir en "papel mojado" las disposiciones legales, emitidas por ella misma, que reservan a este colectivo un cinco por ciento de los nombramientos de docentes interinos.

Su malestar llega hasta tal punto que, además de presentar varias reclamaciones administrativas, algunos de ellos han decidido recurrir a los tribunales para obligar al Gobierno a ajustarse a la normativa. La sentencia puede tardar alrededor de un año, pero los promotores de este proceso confían en que surta un efecto parecido al que en 2001 dio como resultado una decisión judicial que forzó al Ejecutivo a elaborar una orden que establecía una reserva del diez por ciento en las plazas de profesorado interino y sustituto.

El problema es que, según recuerdan, aquella norma tampoco llegó a cumplirse, y que ir de denuncia en denuncia y de juicio en juicio resulta muy fatigoso. "Ya ha ocurrido otras veces. Volvemos atrás y tenemos que luchar por conseguir una sentencia", se lamentan algunos de los afectados.

La reserva del diez por ciento dio lugar, este mismo año, a la del cinco después de que el Gobierno se embarcase en el largo, complejo y polémico proceso de modificar los criterios mediante los que se crean y ordenan las listas de trabajadores interinos. Las intenciones de la Administración de dar un mayor peso a los resultados de las oposiciones frente a la experiencia y la antigüedad -factor casi único hasta la reforma legal- generó una fuerte oposición sindical y meses de movilizaciones de enseñantes y sanitarios, los trabajadores más afectados, y dio cabida a un nuevo cupo para personas con discapacidad.

En concreto, la orden que se refiere al personal docente recoge que "de cada veinte nombramientos que se realicen, al menos uno habrá de recaer a favor de un integrante de dicho colectivo". Pero el hecho es que, a tenor de los datos aportados por los denunciantes, a fecha de 13 de octubre se había nombrado solo a 29 profesores del cupo de discapacidad, cuando, de cumplirse la normativa, deberían haber sido cien.

Según estas estimaciones, el porcentaje de discapacitados llamados a trabajar de forma interina está muy lejos de lo previsto por la ley y supera por muy poco el uno por ciento.

El problema es que el procedimiento no está suficientemente regulado. Si no se establece el orden exacto en el que debe nombrarse a un miembro del cupo -por ejemplo, el quinto nombramiento, el vigesimoquinto, el cuadragesimoquinto, etc.- "van quedando los restos". Si esperan al vigésimo nombramiento, "pueden pasar diez años que nunca van a llegar al cinco por ciento", argumentan.

En cuanto a los sindicatos, Docentes de Canarias-Insucan dice tener constancia de que se están produciendo nombramientos del cupo, aunque ignora si se satisface la proporción fijada. Según Comisiones Obreras, en el trámite de solicitud de destinos se ha cumplido la norma, pero no ha recibido denuncias de que no ocurra lo mismo con los llamamientos de las listas.

Este periódico también trató de recabar la versión de la Consejería de Educación, pero no obtuvo respuesta.