El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, que preside Noelia García (PP) en acuerdo con el PSC, se ha visto obligado a recortar la entrega de ayudas de emergencia social hasta el punto de responder solamente a las solicitudes urgentes de pequeñas cantidades de dinero para la compra de alimentos, anulando las entregas de cheques de urgencia para pago de alquileres, recibos de luz o agua y otros servicios básicos que deben ser asumidos por el ciudadano.

La caja de la Hacienda Local llanense casi ha agotado los fondos adicionales habilitados para ayudas sociales, una segunda partida económica de 30.000 euros autorizada en junio que incrementó los 95.000 euros que se presupuestaron en enero y que en mayo ya habían sido repartidos, debido al considerable incremento de solicitantes de ayudas de emergencia.

A mediados de año, ya se había detectado un aumento considerable de solicitudes de emergencia social que recibía la Concejalía de Servicios Sociales, con casi 400 peticiones, casi el mismo número que en todo el año 2010. Los datos decían que más de la mitad de los decretos mensuales que firma la Alcaldía son para entregar cheques solidarios a familias con problemas económicos y que no son capaces de cubrir necesidades vitales.

Hasta ahora, la corporación atendía peticiones de todo tipo para resolver problemas económicos familiares, además de alimentación, vinculados a pagos que no tuvieran que ver con impuestos o tasas municipales, que obligatoriamente debían estar al día para poder acceder a las ayudas sociales de esta institución, según recogió un nuevo reglamento aprobado en el pleno municipal.

Así, en función del baremo fijado por los técnicos de Asuntos Sociales, se atendían casos de emergencia para alimentos, gastos en la vivienda, vestidos, endeudamientos y pagos menores. No se cubrían obligaciones tributarias, deudas con la Seguridad Social, multas o tasas municipales, así como gastos derivados de sentencias judiciales.

Una familia asistida podía llegar a recibir hasta 250 euros para el alquiler de su casa (máximo de dos meses), otros 150 euros para alimentos (una vez al mes) y el pago de recibos de luz y agua, entre otros, lo que situaba el nivel de las ayudas hasta en 500 euros por unidad familiar. Además, se derivaban otras solicitudes al Cabildo insular, en donde se podían obtener ayudas de entre 300 y 600 euros para alquileres.

Ahora, a falta de varios meses para acabar el año, el grupo de gobierno busca más fondos disponibles, sólo para compras de alimentos, al no tener capacidad para atender otras situaciones.