El Gobierno canario aprobó ayer un nuevo paquete de medidas con el que reducir el nivel de déficit de la Comunidad Autónoma y ajustarse a las exigencias de estabilidad marcadas por el Ejecutivo central y las instituciones europeas e internacionales. En esta ocasión, el Gobierno regional prevé ahorrar 16,3 millones de euros mediante la racionalización de gastos de funcionamiento, pero también ingresar 61 millones más como consecuencia de una certificación más ágil de los fondos procedentes de la Unión Europea.

La reducción del gasto en 16,3 millones de euros menos de gasto se sumaría a los 2.257,9 millones de euros ahorrados "hasta el momento como resultado de anteriores ajustes", según informó la Administración, quien se propone evitar así "recortes dramáticos como los que se están produciendo en otras comunidades autónomas", además de garantizar los servicios esenciales y el empleo público "sin subir los impuestos".

Las medidas aprobadas buscan reducir los costes de desplazamiento entre islas de los altos cargos, mejorar la gestión de la concesión y reintegro de subvenciones, profundizar en el control de los horarios de los empleados públicos -a los que se les recortará el sueldo en función de las horas que dejen de trabajar-, evitar las obras menores en locales propios y alquilados y limitar también la adquisición de mobiliario que no sea "estrictamente necesario".

El plan recoge una medida centrada en el uso de vehículos oficiales y los desplazamientos de los empleados públicos -incluidos los directores generales-, para lo que se establecerá un servicio de traslado con vehículos compartidos desde los aeropuertos a los principales centros de trabajo de la Comunidad Autónoma, principalmente en las islas de Gran Canaria y Tenerife.

El servicio se realizará para los primeros vuelos de la mañana. Para unificar los traslados, se concentrarán los horarios de los vuelos de salida entre las 07:30 y las 09:00 horas. Además, se utilizará "aún más" la videoconferencia como medio de comunicación.

También se establece que la realización de cualquier tipo de obras en los edificios administrativos, así como la adquisición de mobiliario, requerirá informe previo vinculante de la Dirección General de Patrimonio y Contratación. Esta condición no será aplicada a las obras que se realicen en los centros educativos y sanitarios.

En cuanto a los empleados públicos, se pide a todos los departamentos que velen por el cumplimiento de la jornada y el horario de trabajo de todo el personal y que apliquen deducciones salariales en caso de incumplimiento.

A fin de mejorar los plazos de ciertos ingresos, cada departamento deberá remitir a la Consejería de Economía antes del 15 de octubre la documentación de los proyectos cofinanciados con fondos europeos para certificarlos cuanto antes y agilizar el cobro del dinero comunitario.

Las consejerías habrán de priorizar y agilizar los expedientes de las subvenciones y la ejecución de resoluciones que supongan la devolución de las ayudas a las arcas públicas por parte de los beneficiarios obligados a hacerlo. En esta materia, el Gobierno también insta a que se limiten las prórrogas para realizar o justificar las subvenciones, salvo en los casos plenamente acreditados.