NO SOLO limitar el déficit. El pacto PP-PSOE de este fin de legislatura incluye también la eliminación de las diputaciones provinciales, de los cabildos insulares y de los municipios de menos de diez mil habitantes. No pudimos refundar la economía, pero "a este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió", tal y como predijo Alfonso Guerra hace veinte años. Si apostamos por el Estado de las autonomías, apostemos.
Machuco y limpio a nuestro entramado legal. La necesidad aprieta, y sin nacionalistas a los que contentar la tarea es mucho más fácil: 1.- Nuevas bases de régimen local para que queden claras las competencias y 2.- Incorporación de las administraciones públicas a la ley concursal a ver si empezamos de cero, los afectados por el despilfarro recuperan algo y los responsables (culpables) pasan por taquilla, aunque sea para que los inhabiliten para unas cuantas legislaturas.
Eliminar diputaciones y cabildos no presenta grandes problemas formales: con dos decretos se transfiere el personal y los recursos, según el nuevo ámbito competencial, al Gobierno autónomo o a los ayuntamientos, según el caso. Un par de homenajes, unas cuantas lágrimas de añoranza y unos cachetes por el desconsuelo a los que se van a casa.
Fusionar ayuntamientos tiene su enjundia no ya en las cuestiones de representación política, que están claras, y no en balde acaba de haber elecciones y recuento de votos, sino en las de índole administrativo. Importante, de entrada, no más compromisos de gasto; todo el mundo quieto para no meter la pata, que sigan los servicios básicos y se me esperan con las iniciativas, la dinamización y las fiestas patronales.
Aunque el avance importante llegará con el concurso de acreedores, algo de esperanza para tantos que aguardan cobrar. El primer ahorro al eliminar los sueldos de todos los miembros liberados de la corporación, los gastos institucionales y de representación, ya que no habrá plenos ni comisiones. La actividad de gobierno estará intervenida, decidirán los administradores concursales en primera instancia y el juez para todo lo demás. Un concurso es cosa seria.
Por un lado, deberán descifrar qué debe el ayuntamiento, a quién se lo debe y en qué concepto. Deberán discernir si tales gastos son los propios del funcionamiento de una corporación local, si se han seguido los preceptos de la ley de contratos del sector público para afianzar los compromisos de pago y si son precios normales de mercado. Por otro, los administradores deberán analizar también la estructura de ingresos con los que hacer frente al día a día y el inventario del patrimonio municipal con el que quizás haya que negociar para resolver las deudas contraídas y sus intereses.
www.pablozurita.es