La presentación de una moción de censura contra la presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende (AHI-CC), por parte de socialistas y populares abrió ayer una caja de Pandora en la política autonómica canaria cuyos efectos son difíciles de medir.
El acuerdo de PSC-PSOE y Coalición Canaria (CC) en uno de los principales feudos nacionalistas amenaza el pacto que CC y PSC mantienen en el ámbito regional, tal y como admitieron ambos tras hacerse pública la presentación de la moción de censura.
Aunque existen dudas sobre la interpretación que puede hacerse de la ley electoral, lo cierto es que la iniciativa contra Allende tiene mayoría suficiente, al contar con las firmas de los cinco consejeros socialistas y los dos del PP, frente a los seis nacionalistas.
Al respecto, la presidenta de CC, Claudina Morales, reconoció ayer que el de El Hierro es un "incumplimiento grave" del pacto firmado entre socialistas y nacionalistas el pasado mes de junio, pero se mostró esperanzada en que las direcciones federal y regional del PSOE sepan reconducir la situación, por la vía del diálogo o con la expulsión de sus consejeros, para que la moción no prospere y, por tanto, se pueda seguir trabajando con la confianza que se ha venido haciendo hasta ahora.
Morales no quiso entrar a valorar si lo sucedido en El Hierro puede tener consecuencias en el pacto de gobernabilidad regional, pues tiene "confianza" en que el PSC actúe evitando que prospere la moción, y afirmó que "espera" que no se produzca un efecto dominó en otras instituciones.
"Estoy convencida de que no obedece a una estrategia más allá de lo que la gente de El Hierro ha firmado", dijo Claudina Morales, quien reconoció que desde el pasado domingo había "rumores" sobre la presentación de la moción.
Más convencido de que el Cabildo de El Hierro cambiará de partido en el gobierno se mostró el secretario general de los populares canarios, Manuel Fernández, quien, por un lado, advirtió de que el PP avala "sin ningún tipo de dudas" lo que hagan sus consejeros en la Corporación herreña, y, por otro, reconoció que la moción estaba firmada desde el mes de junio, cuando se hicieron los demás pactos.
En este sentido, y al ser preguntado por si se puede producir el mismo pacto en otras instituciones en las que no fue posible tras el 20 de mayo, Fernández apuntó que "en cada isla se tendrá que pensar lo que se quiere, interesa y desea políticamente".
"Muchas veces la gente actúa contra su voluntad y las cosas le van mal, y eso es lo que les ha pasado a los socialistas de El Hierro", subrayó el número dos del PP canario, quien reiteró que los populares tienen "las cosas muy claras", y por ello se les dio total autonomía a los dirigentes insulares para que pactaran con quien quisieran. Lo que sí descartó de plano Fernández es un posible acercamiento del PP al PSOE para acceder al Gobierno regional. "Ahora mismo lo único que nos tiene preocupados es dedicarnos a las próximas elecciones generales", advirtió.
Por su parte, Belén Allende, principal afectada por la moción de censura presentada ayer en El Hierro, se mostró tranquila y poco sorprendida, y afirmó que era conocedora de ese "rumor".
Preguntada por si exigirá responsabilidades a CC o al PSOE por la iniciativa de la oposición herreña, Belén Allende afirmó que no pedirá "nada" a las comisiones regionales de estos partidos, puesto que serán ellos los que "tengan que volver a sentarse en la mesa de negociaciones".
"Me consta que cuando se firmó el acuerdo regional se hizo con la enorme responsabilidad de garantizar la estabilidad de las instituciones insulares de El Hierro y La Palma por la importancia que tienen en el dibujo de la organización política-administrativa de Canarias, y que esta iba a durar toda la legislatura", explicó a este periódico Belén Allende.
Por ello, la presidenta del Cabildo de El Hierro consideró que "esta moción de censura será lo que dé pie, sin necesidad de que yo exija nada, a una reconducción del pacto de Gobierno".
Cabe recordar que los socialistas herreños llegaron a rubricar un acuerdo en el que se comprometían a no acometer ninguna acción en contra de Belén Allende, en lo que supuso una de las condiciones para que se firmara definitivamente el pacto regional entre nacionalistas y socialistas.