MADRID, OTR/PRESS El Pleno del Congreso de los Diputados se reunía este martes para debatir sobre el nuevo decreto-ley de medidas económicas que el Consejo de Ministros aprobó el viernes. La sorpresa llegó cuando José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, lanzó una propuesta acordada con la oposición: la reforma de la Constitución para establecer una regla que garantice la estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo. Mariano Rajoy, líder del PP, recordó que él mismo propuso este cambio el 25 de junio de 2010. Entonces, Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del PSOE a la Presidencia del Ejecutivo, criticó e ironizó sobre la idea del 'popular' y "demostró un alarde de conocimientos económicos sin parangón". El martes, el socialista se excusó diciendo que Zapatero... "Me convenció anoche [por este lunes]".
Zapatero sorprendió en medio del debate sobre el decreto-ley de medidas económicas lanzando una propuesta de reforma de la Constitución para establecer una regla que garantice la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, tanto en relación con el déficit estructural como en lo referente a la deuda. El cambio, acordado con el PP, vincularía a todas las administraciones públicas.
Según el presidente, esta medida ayudaría a "fortalecer" la confianza en la estabilidad española: "Considero que es factible llegar a ese acuerdo de reforma constitucional e invito a los dos grupos mayoritarios y a los demás grupos de la Cámara a que lo concreten en una proposición de ley de reforma constitucional que pudiera ser aprobada de inmediato".
España se sumaría así a otros estados europeos, como Italia, que han anunciado que adoptarán de "manera inmediata" importantes medidas de consolidación fiscal, agregó el líder socialista. El 16 de agosto, Nicolás Sarkozy y Angela Merkel, dirigentes de Francia y Alemania, acordaron que pedirían a los miembros de la Eurozona que incluyesen en sus constituciones una regla de equilibrio presupuestario. La germana lo contempla desde 2009.
Apoyándose en el ejemplo internacional, el presidente pidió después a los grupos parlamentarios que miren la propuesta "con naturalidad". "Debemos actualizar la Constitución, ya que algunas de sus partes contienen una visión de los años 70, como es natural". Aun así, puntualizó que ésta no es ninguna "imposición" de Europa.
Zapatero señaló que el camino de la consolidación fiscal del país ibérico está "trazado" y mostró su confianza en que el próximo Gobierno, "sea del signo que sea", continúe transitando por él. Se trata, agregó, de una "decisión estratégica de calado, estructural y no coyuntural". Por eso y porque afecta a la Carta Magna, el mandatario busca "todo el consenso posible" en la Cámara Baja.
De hecho, se dirigió expresamente a Mariano Rajoy para pedirle su apoyo: "Hagamos un diálogo constructivo, pensemos en que estamos haciendo un trabajo que no es para ahora, ni para la legislatura que viene, sino que será una buena señal y un buen camino de futuro. Sabemos que no va a arreglar el empleo ni la crisis, pero es un buen camino", mantuvo.
Esta reforma debería aprobarse cuanto antes, pero no se empezaría a aplicar hasta 2018-2020, una vez concluido el actual proceso de consolidación fiscal. En ella se deben incorporar "criterios objetivamente rigurosos" sobre el déficit estructural, pero con "flexibilidad" en otros aspectos, señaló el socialista.
Al hilo de esto, José Bono, presidente del Congreso, advirtió de que la proposición deberá estar registrada en la Cámara Baja, como máximo, este viernes, para que pueda ser aprobada antes de que termine la legislatura cumpliendo "escrupulosamente" todos los mandatos constitucionales. Congreso y Senado deberán tramitar el texto por el procedimiento de urgencia y en lectura única.
A pesar de todo, el socialista está convencido de que esto podría llevarse a cabo antes de la disolución de las Cortes, prevista para el 26 de septiembre. Eso sí, la Cámara Baja tendría que celebrar dos sesiones plenarias más de las previstas inicialmente y los diputados podrían ser citados a un Pleno extraordinario el 30 de agosto y a otro, ya dentro del nuevo periodo de sesiones, el 1 de septiembre.
EL PP APOYARÁ LA REFORMA
El PP respaldará la reforma. El propio Rajoy reconoció que, cuando Zapatero le telefoneó para informarle sobre ella... "Le dije que estaba de acuerdo". Así, el grupo está dispuesto a "facilitar" la tramitación, una postura que siempre ha mantenido. De hecho, los 'populares' hablaron de este cambio por primera vez el 25 de junio de 2010, según recordó su líder, que recibió entonces numerosas críticas y mofas.
"Me gustaría saber si quien hizo las descalificaciones, las gracias, las chanzas y demostró un alarde de conocimientos económicos sin parangón, ha cambiado de opinión y hoy dice exactamente lo contrario de lo que dijo hace un año", afirmó Rajoy. "Y digo esto porque esa persona es importante y su voto es decisivo para que esa reforma salga adelante. Esa persona fue el señor Pérez Rubalcaba, hoy líder de su partido", añadió entre los aplausos de los suyos.
El 'popular' piensa que, si entonces el Gobierno le hubiera escuchado... "Las cosas nos habrían ido mejor". El aludido, que por entonces era 'número dos' del Ejecutivo, se excusó en los pasillos del Congreso. Según dijo, Zapatero y él han hablado "en diferentes ocasiones" de esa posibilidad, pero el presidente no consiguió convencerlo hasta la noche del lunes.
Fue entonces cuando el mandatario habló al candidato de que esa reforma tendría el respaldo de la oposición. "Pensé que un gran acuerdo entre el PP, el PSOE y el Gobierno para luchar contra el déficit podía ser muy importante para la buena marcha de la economía española en estos momentos", explicó Rubalcaba.
LAS MINORÍAS MUESTRAN PRUDENCIA
En general, los grupos minoritarios no pudieron más que mostrar prudencia ante la propuesta, una postura que mantendrán hasta que conozcan sus pormenores. Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de CiU, afirmó que comparte "el espíritu" de un cambio que no le sorprende, porque forma parte de lo que se está promoviendo y reforzando en Europa. Aun así, los suyos esperarán a conocer "la letra pequeña" para decidir si la apoyarán o no.
Para Joan Tardá, diputado de ERC, el acercamiento entre los dos partidos mayoritaios hace "temblar" a otros. A su juicio, se está arraigando un discurso que culpa del déficit a las comunidades, "el nuevo discurso de FAES" (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales). Nuria Buenaventura, portavoz de ICV, no se explica cómo se puede hacer una reforma "tan exprés" cuando no se ha podido llegar a cabo "en 30 años".
Desde BNG, Francisco Jorquera lamentó que el Gobierno quiera trasladar a la Carta Magna el "dogma" del déficit cero de los "halcones" de la UE. Por el contrario, Rosa Díez, diputada de UPyD, apoyó el "necesario" e "imprescindible" cambio constitucional.
No obstante, la líder del partido magenta avisó a Zapatero de que todo esto sólo tendrá sentido si se incluyen límites de gasto para las comunidades autónomas y penalizaciones para las que no los cumplan. "Si lo hacemos, hagámoslo bien, no sólo para cumplir con el mandato del Banco Central Europeo (BCE)".
Gaspar Llamazares, diputado de IU, considera que "no es aceptable" que "un Parlamento moribundo", que "prácticamente tiene convocadas las elecciones", tramite una reforma de la Constitución. Su partido exigirá que la modificación sea sometida a referéndum porque, en su opinión, es un tema "suficientemente serio" que supone "la amputación del Estado de Bienestar".
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