El Gobierno australiano anunció ayer un impuesto de 23 dólares locales (24,7 dólares estadounidenses o 17,3 euros) por tonelada de dióxido de carbono con el objetivo de luchar contra el cambio climático.

"Como nación, necesitamos ponerle un precio al carbono y crear un futuro con energía limpia", dijo la primera ministra australiana, Julia Gillard, al anunciar el plan del Ejecutivo, que ya cuenta con el apoyo para que sea aprobado próximamente en el Parlamento.

La medida, que entrará en vigor a partir del 1 de julio del año que viene, afectará a unas 500 grandes empresas contaminadoras, principalmente del sector eléctrico, minero y de la energía.

El impuesto aumentará anualmente un 2,5 % en términos reales hasta 2015, año en que se dará paso a un esquema de comercio de emisiones similar al de la Unión Europea (UE) donde el mercado internacional fijará los precios.

Con la medida, Australia pretende recortar 159 millones de toneladas de dióxido de carbono al año para 2020, lo que significa reducir las emisiones un 5 % en relación con los niveles de 2000.

Gillard, quien en los últimos meses se ha convertido en el gobernante más impopular en el país en casi tres lustros, explicó que estas cantidades equivalen a sacar de la circulación unos "45 millones de coches".

Este plan, que cuenta con solo un 30 % de apoyo popular, es considerado como uno de los más ambiciosos después del sistema creado en la UE en 2005 para regular las transacciones de derechos de emisión entre los sectores más contaminantes.

Australia contribuye con el 1,5% de la emisión global de gases de efecto invernadero, menos que EEUU, China, Rusia, la India y Japón, pero es una de las naciones más contaminantes del planeta en términos per cápita.

El líder de la oposición, el conservador Tony Abbott, subrayó que el plan del Gobierno australiano no contribuirá a mitigar el cambio climático, ya que se pronostica que China y la India aumentarán sus emisiones un 500% y un 350 %, respectivamente.

Abbott exigió que Australia afronte el cambio climático en "un contexto internacional apropiado", al insistir en que el nuevo impuesto tendrá un impacto negativo en los empleos y en los bolsillos de los australianos.

El Tesorero de Australia, Wayne Swan, quien acompañó en la rueda de prensa a Gillard, admitió que la reforma costará unos 4.300 millones de dólares locales (3.243 millones de euros) en los próximos cuatro años, principalmente en gastos vinculados a su implementación.

Australia, que depende en casi un 80 % del carbón para generar electricidad, tiene previsto cerrar para 2020 la mayoría de las centrales eléctricas de carbón, promover las inversiones en el desarrollo de energías limpias y el desarrollo de tecnologías menos lesivas al medio ambiente.