AL VICEPRESIDENTE del Gobierno y candidato socialista para las próximas elecciones generales, Alfredo P. Rubalcaba, se le ha ocurrido anunciar, como una de las propuestas de su programa electoral, un importante recorte en los gastos de Defensa consistente en la reducción de unos 40.000 soldados, de los 81.739 efectivos de tropa y marinería existentes actualmente. La medida, al parecer, por su complejidad, no afectaría a los oficiales y suboficiales.

Ignoro si el señor Rubalcaba ha recibido el debido asesoramiento del Ministerio de Defensa para llevar a la práctica su inaudito plan, porque, de realizarlo, una de dos: o la cobertura, y por consiguiente la operatividad, de las unidades militares quedaría muy mermada; o habría que disolver algunas de ellas.

Veamos. Las Fuerzas Armadas (FAS), tras su profesionalización, han sufrido numerosos recortes en sus efectivos, infraestructuras, medios operativos y logísticos, etc., la mayoría de las veces por causas propias de la situación económica de España, por lo que en la actualidad la cobertura de las plantillas de personal ya está muy ajustada.

Hasta fin del año 2009, el número de miembros de las FAS se mantuvo estable, por encima de los 130.000 efectivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2007, de la Carrera Militar. Esta cifra ya supuso una reducción del tamaño de los ejércitos, que hasta entonces era de 168.000 efectivos. A partir de 2010 el número de tropa comenzó a bajar, llegando a 83.000 en 2011; 81.000 para 2012 y 80.000 para 2013. Con esta reducción, las FAS estarían al límite que marca la Ley (80.000 de tropa más 50.000 de oficiales y suboficiales).

Por consiguiente, para acometer una reducción tan desproporcionada y brutal como la que señala el señor Rubalcaba no solo habría que modificar la ley, sino el propio modelo de FAS.

Efectivamente. Hay que tener en cuenta que los soldados y marineros son la base de las misiones internacionales en las que España está comprometida con la OTAN y con la ONU, por lo que una reducción drástica de su número obligaría a nuestro país a replantearse su papel en la escena internacional. Incluso dentro del territorio nacional es muy probable que hubiera que extinguir unidades militares o dejarlas en cuadro. ¿Se le habrá ocurrido pensar al candidato socialista en qué estado de operatividad quedarían Ceuta y Melilla con sus enclaves y destacamentos? ¿Y Canarias?

Cuando se habla de Defensa no se debe frivolizar, pues estamos hablando, ni más ni menos, que de la defensa nacional de España, que afecta a todos los españoles. Tampoco se debe politizar esta cuestión ni usarla como contrapartida con intenciones electoralistas, ni mucho menos utilizarla como moneda de cambio ante exigencias de nacionalismos radicales ni ante las demandas de los "indignados" del 15-M.

El Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, por mandato constitucional, es responsable de la política de Defensa en España. Para su asesoramiento y operatividad de los Ejércitos dispone de órganos superiores, como el jefe de Estado Mayor de la Defensa y los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. Tomar una decisión política, como supone una reducción tan drástica de los efectivos militares, sin haber valorado sus consecuencias, bajo mi punto de vista es una grave imprudencia porque está en juego algo tan sagrado como la seguridad de España. Las FAS no se deben tomar como un instrumento al que se le puede manipular al vaivén de los acontecimientos políticos, económicos o con fines electorales.

En todo país, la cartera de Defensa es fundamental, por lo que no debe estar regida por personas sin la debida preparación, experiencia y amor a España, lo que no quiere decir que necesariamente hayan de ser militares.

El Ejército, según dijo el general De Gaulle, es el gran mudo de la democracia porque sus componentes no deben o no pueden manifestarse como cualquier otro ciudadano ante decisiones o propuestas como las comentadas en este artículo. A pesar de ello, es un colectivo de una calidad moral, humana y profesional extraordinarias y con una encomiable vocación de servicio y sacrificio a España. Solo quiere que le dejen cumplir su misión y no se le trate como a una empresa que, por no dar beneficios, haya que practicarle un ERE cada vez que al Gobierno se le ocurra reducir gastos. ¡Así no, señor Rubalcaba!