El contrato que suscribió la Comunidad Autónoma para la prestación de un servicio integral de atención de emergencias, protección civil y vigilancia mediante helicópteros multifuncionales -vigente desde 2006- contempla un tope de 1.000 horas de vuelo al año entre las intervenciones de emergencia y el resto de los traslados. Así, cada vez que el presidente regional emplea uno de estos aparatos para trasladarse consume parte de ese límite y resta tiempo para la atención de las emergencias que puedan producirse en el Archipiélago.

Así se desprende del pliego de las cláusulas administrativas particulares para la contratación de este servicio que las Islas suscribieron en la modalidad de concierto mediante concurso y procedimiento abierto.

El presupuesto de licitación del pliego estipula, en concreto, que los precios máximos unitarios incluyen la disponibilidad mensual de cinco helicópteros con su dotación (cada uno con base en las islas de Tenerife, La Palma, El Hierro, Gran Canaria y Fuerteventura) de 336.111,04 euros y 950 euros por hora de vuelo.

El presupuesto de gasto máximo o indicativo que se previó para el contrato asciende a 39.866.659,84 euros para los nueve años de vigencia comprendidos entre 2006 (ejercicio en el que solo cubrió dos meses) y 2014 (cuando solo incluirá 10 meses).

En total, son ocho años de disponibilidad y 8.000 horas de vuelo las incluidas en el presupuesto, si bien el pliego contempla que los precios podrán revisarse de acuerdo con el índice de precios al consumo regional e interanual.

Los helicópteros, según las condiciones estipuladas en el contrato, tienen que estar a dedicación exclusiva para este servicio y deben estar disponibles "en todo momento" en sus bases. Además, el personal de las dotaciones debe cumplir con un tiempo máximo de trabajo anual.

Por lo tanto, los helicópteros prestan el servicio 365 días al año con una presencia física de la tripulación en base de 12 horas por cada día.

En cuanto las horas de vuelo, el contrato estipula que incluye las ordenadas por la Dirección General de Seguridad y Emergencias (DGSE) a través del CECOES o de persona responsable designada por la misma para realizar las funciones que se contemplan en la descripción del servicio específico del contrato, las de traslado de aeronaves por razones del servicio aprobadas previamente por el contratante, así como el 50% de las horas de vuelo realizadas para entrenamiento de las tripulaciones y programadas de forma periódicas de acuerdo con la DGSE.

Así, la distribución anual del contrato -entre 2007 y 2013- supone un desembolso de casi cinco millones de euros (4.983.332,48) por los 12 meses de disponibilidad para los cinco aparatos en las Islas y restringe su uso a 1.000 horas de vuelo en cada ejercicio.

Ello supone que la mera disponibilidad les cuesta a las arcas canarias cerca de cuatro millones de euros, mientras que las horas de vuelo suponen el millón restante.

De esta manera, los registros de los vuelos realizados durante marzo del año pasado revelan que ese mes la factura ascendió a 406.046,88 euros de los cuales la mayor parte (336.111,05 euros) provenían de haber tenido disponibles los cinco aparatos en las Islas, mientras que los restantes 69.935,83 euros estuvieron causados en las horas de vuelo (73,5) facturadas en ese periodo, de las que 12 horas y 45 minutos correspondían al epígrafe de "seguridad", que incluye las misiones encomendadas por el Gobierno de Canarias según las órdenes de servicio.