El jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza, Antonio Lorenzo, ha declarado en la Audiencia Provincial de Las Palmas, que el suelo en que se construyeron nueve chalés a las afueras de Las Breñas, en una finca de 12.500 metros, "tiene la consideración de rústico".

Con ello contradecía los testimonios de los tres imputados por este asunto: el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y los dos técnicos municipales, Pablo Carrasco y Alfredo Morales, que habían asegurado ante la autoridad judicial que ese suelo "sí se podía urbanizar".

La declaración de Antonio Lorenzo sí coincide con la decisión tomada hace seis años por el TSJC de anular las licencias urbanísticas firmadas por Reyes, dado que "el suelo en que se ubican las construcciones está clasificado como rústico".

En esta ocasión, el fiscal Ignacio Stampa ha solicitado una pena de 14 meses de prisión para el ex-alcalde por un delito contra la ordenación del territorio tipificado como prevaricación urbanística.

El político tiene el precedente de otra condena por el mismo delito, de 10 años de inhabilitación, también por la Audiencia Provincial.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Teguise ha decretado la paralización y precinto de la obra de una vivienda que la exalcaldesa del municipio de Arrecife, María Isabel Déniz, estaba construyendo "a marchas forzadas" en la isla de La Graciosa.

La exprimera edil, también imputada en el caso Unión, había solicitado autorización tanto al Área de Patrimonio del Cabildo como a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Canario, para "la restauración y mejora de una casa y un almacén" dentro del Catálogo de Protección de Elementos de Interés Patrimonial del Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo.

Sin embargo, derribó la antigua vivienda sin la correspondiente autorización de Patrimonio. Además, el inmueble está afectado por la servidumbre de tránsito de Costas.

El pasado 3 de junio, la Policía Local de Teguise levantó un acta urbanística porque la obra no contaba con licencia municipal.

Sin embargo, el original desapareció del expediente, por lo que no se inició el procedimiento. Hasta que el pasado 22 de junio, durante la visita del actual alcalde a la octava isla, la Policía volvió a levantar acta de las infracciones.

Durante ese lapso de tiempo la casa se construyó a gran ritmo, y ya el martes se estaba poniendo el techo.

Ese mismo día en que se firmó el decreto de paralización y precinto.