Las familias monoparentales, en un 90 por ciento encabezadas por mujeres, pidieron ayer al Gobierno una ley, un "paraguas legislativo", que las saque del "limbo jurídico" en el que viven y que las iguale en derechos al resto de hogares. Así lo dejaron patente en las jornadas que celebraron ayer, bajo el título "Mi situación jurídica, sin ley específica", organizadas por la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), presidida por Carmen Flores.

Flores ahondó en la necesidad de que esta ley defina todas las situaciones que se pueden registrar dentro del concepto de familia monoparental, algunas de las cuales, ha dicho, no están contempladas dentro de los sistemas de protección.

Las familias monoparentales, que están en aumento, tal y como demuestran los datos del Instituto Nacional de Estadística, son aquellas formadas por una persona adulta y una o más menores a su cargo y que no comparte las responsabilidades familiares.

Forman parte por tanto de estas familias las madres solteras, las separadas y divorciadas y también las viudas, es decir, situaciones especiales y distintas y también con diferencias en cuanto a protección social.

Madres sin pareja

En 2010 había 558.300 familias monoparentales y 147.700 estaban encabezadas por madres solteras, que son, tras las separadas y divorciadas, el colectivo más representativo.

La representatividad de las madres solteras, según la FAMS, no se ve correspondida con los recursos que perciben. "Somos un colectivo con muchas papeletas para ser vulnerables o para estar en riesgo por falta de apoyo institucional", manifestó Flores, quien abogó por que haya una ley de familias monoparentales que afecte a todo el territorio. De esta forma ya no habría diferencias en las ayudas ya que varían dependiendo de la comunidad autónoma.

"Estamos solas para todo y necesitamos el apoyo de lo público", hizo hincapié la presidenta de la federación, a la que escuchó Félix Barajas, subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Barajas reconoció que es "justo impulsar fórmulas que tiendan a compensar estas dificultades añadidas en base al principio de igualdad de oportunidades". Pero recordó que la mayoría de las competencias de atención a las familias son de las comunidades autónomas y ayuntamientos.