El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a 12 personas al desmantelar una organización dedicada a falsificar documentos y estafar a ciudadanos cubanos, a quienes cobraban cantidades significativas de dinero, entre 2.000 y 4.000 euros, por falsos contratos de trabajo para poder obtener la residencia en España e, incluso, poder entrar en el país.

El supuesto cabecilla de la red es un gestor y asesor identificado como A.L.G.R., un canario que tenía su oficina en Las Galletas, en Arona. Y una pieza clave en la trama es una mujer de origen cubano y nacionalizada española, M.J.R., de 51 años, que residía en El Fraile y se ocupaba de contactar con las potenciales víctimas en Tenerife o en la isla caribeña, así como de enviar por correo los contratos de trabajo falsificados a la Embajada de España en Cuba para permitir la salida de los inmigrantes, así como obtener la autorización para residir y trabajar en territorio nacional.

Según pudo saber ayer EL DÍA, el citado asesor detenido usaba sellos de empresas legales y las firmas de empresarios en papeles en blanco para elaborar los contratos falsificados. Los propietarios de dichas sociedades, en la mayoría de los casos, desconocían las actividades ilícitas para las que utilizaban sus autorizaciones.

La investigación, que comenzó a mediados del pasado mes de abril, fue realizada por el Grupo I de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería, así como del Grupo Operativo de Extranjeros de la Comisaría del Sur de Tenerife.

Tras preparar los papeles del "contrato", este era tramitado en la Oficina de Extranjeros de Santa Cruz de Tenerife.

Cuando los ciudadanos extranjeros se encontraban en España pagaban a la organización por las diversas gestiones. Nueve inmigrantes cubanos también figuran entre los detenidos por la "compra" de su permiso de trabajo en España, a pesar de que sabían que no iban a ejercer actividad laboral alguna, sino que adquirían su residencia legal en el país.

Los gastos de la Seguridad Social también eran pagados por los inmigrantes caribeños. Al parecer, los trabajadores sólo duraban uno o dos días dados de alta en dicha administración, sin que nunca llegaran a trabajar realmente para la citada empresa.

Entre los detenidos figura un empresario, J.C.R.S-B., que supuestamente colaboró activamente con el cabecilla de la red, ya que puso su empresa a disposición de A.L.G.R. para formalizar ofertas de empleo, por lo que obtenía elevados beneficios económicos.

Durante el transcurso de la investigación, los agentes determinaron que 105 extranjeros intentaron beneficiarse de los contratos fraudulentos y unos 70 lograron su objetivo de regular su situación en España. Una veintena de inmigrantes fueron traídos desde Cuba.

Al cabecilla de la organización se le atribuyen 39 delitos probados de falsificación documental y estafa, aunque se sospecha de que también pudo promover otros 16 casos. A algunos de los inmigrantes caribeños implicados se les revocará el permiso de residencia en España.