Santa Cruz de Tenerife

Denuncian ante la Fiscalía la muerte de ocho indigentes por omisión de socorro

La Plataforma por la Dignidad de las Personas sin Hogar cree que "hay un nexo común" en las 8 muertes de indigentes ocurridas en la Isla en los últimos meses, que vinculan a la falta de medios de la administración y la falta de voluntad para asistirlas. Por ello, han ampliado su denuncia por la primera muerte en la capital.
EL DÍA, S/C de Tenerife
4/jun/11 1:23 AM
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La Plataforma por la Dignidad de las Personas sin Hogar, un colectivo de voluntarios que, según sus representantes, aún no está registrado, ha denunciado este jueves ante la Fiscalía General del Estado la muerte de ocho indigentes en Tenerife en los últimos meses, al considerar que se podría haber "cometido un delito de omisión del deber de socorro por falta de voluntad y recursos de las administraciones".

Este anuncio fue comunicado ayer por los miembros de la plataforma Eloy Cuadra, Sonia Pérez y Tomás Hernández, quienes indicaron que la plataforma contabiliza dos fallecimientos más, aparte de las seis muertes conocidas de personas sin hogar en la Isla: el caso de un caso de un hombre de unos 34 años que falleció en la unidad del tórax del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria y otro registrado un mes después, cuando murió en el mismo centro un ciudadano extranjero procedente del Albergue Municipal.

Cuadra considera que, a pesar de que la justicia solo ha decidido investigar uno de los casos, "existe un nexo común en estas muertes", que a su juicio es "la falta de recursos de las administraciones, tanto materiales como económicos y asistenciales, además de remarcar "la falta de voluntad para atender la situación de estas personas".

Por su parte, Tomás Hernández puso de relieve las carencias del Albergue Municipal, pues señaló que de los contactos establecidos con los usuarios, esta plataforma está convencida de que muchas personas deciden no acudir por cuestiones relacionadas con "la falta de asistencia sanitaria o un simple botiquín", o por problemas con la comida, la limpieza o la seguridad, pues señaló que la ausencia de cámaras propicia peleas y robos en el recinto.

Por ello, la plataforma reclama una fiscalización "exhaustiva" del albergue, al igual que de la Unidad Móvil de Acercamiento (UMA), pues puso de relieve que su funcionamiento es deficitario y que no se ajusta a la atención de las personas en el lugar en que se encuentran, sino que se dedican a remitirlas a otros servicios.

Además, la plataforma anunció que pedirá que se investigue la gestión y las partidas presupuestarias del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), que cuenta con un presupuesto de 11 millones de euros para 2011, cuyo destino cuestionan.

Esta organización, conformada por voluntarios, ha comenzado a repartir un formulario con el que pretende identificar a las personas que viven en las calles de Tenerife, con el propósito de recabar sus necesidades para reconducir las ayudas que deben facilitar las instituciones, para evitar que argumenten que desconocen la realidad de estas personas.

Así, Cuadra dijo que, según los datos de Cáritas, "solo en Santa Cruz puede haber unas 200 personas viviendo en la calle", mientras que Sonia Pérez afirmó que el 27% de la población canaria está en una situación pobreza; un índice de miseria del 30% y un 28% de paro, así como que un 12% de la población vive en pobreza severa.

Por su parte, Eloy Cuadra contrarrestó el argumento de las administraciones de que no se puede hacer nada por quienes viven en pésimas condiciones en la calle, y que es una decisión de los jueces, esgrimiendo la ley que regula la autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en materia de información y documentación, así como la legislación de ordenación sanitaria de Canarias y la propia Ley de Enjuiciamiento Civil.

La plataforma también anunció que elaborará una guía de recursos sociales, pues según indicó Pérez, los profesionales de este sector "están desbordados", mientras que "la gente se encuentra en un callejón sin salida ante la desidia institucional y la falta de información".

También solicita la plataforma que se haga un plan de prevención y seguimiento de las personas en riesgo de exclusión social y propone que los propietarios "de las más de cien mil viviendas que están vacías" en Canarias "las cedan voluntariamente, con el atractivo de que se les faciliten incentivos fiscales, para que se puedan destinar a pisos tutelados para la inserción de personas que viven en la calle y que pueden tener enfermedades o dependencias".