La implantación de la nueva oficina judicial en Canarias tendrá que esperar al menos hasta enero de 2012, según dio ayer en Santa Cruz de Tenerife el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Manuel Torres Vela, quien señaló que no hay fecha para poner en marcha este organismo en las Islas.
Torres Vela, que ofreció ayer una conferencia en el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Tenerife, aseguró que para implantación de este nuevo órgano se necesita inversión económica, pero que otro aspecto fundamental es la separación de jurisdicciones, sin la cual no se podría implantar. Por ello, y teniendo en cuenta que en Arrecife, uno de los partidos pilotos canarios, esta separación no se realizará hasta el próximo 1 de enero, el vocal del CGPJ señaló que no se implantará, como mínimo, hasta esa fecha.
Respecto al otro partido judicial piloto, Arona, Torres Vela explicó que la separación de jurisdicciones ya se ha realizado y por tanto la implantación del nuevo órgano judicial podría ser en cualquier momento, "pero no nos han informado aún de cuándo se producirá".
"Sé que el elemento normativo está aprobado, y que el consejo ha dado el visto bueno al Real Decreto. También se ha dado el visto bueno al sistema informático Atlante II, al verificar que hay compatibilidad", destacó el vocal del CGPJ.
Torres Vega explicó que otro de los motivos por los que aún no llegará la oficina judicial a las Islas es que las comunidades autónomas están pendientes de superar las soluciones a las disfunciones "las disfunciones que se han detectado en los lugares en los que ya se han implantado el órganos".
En concreto la nueva oficina judicial ya se ha instalado en Murcia, Burgos, Ciudad Real y Cáceres.
"Se han apreciado disfunciones en el sistema por eso el Consejo General del Poder Judicial está trabajando para que funcione el modelo. Estos problemas, propios de cualquier maquinaria que empieza a funcionar, han provocado que se haya llegado al acuerdo de que no siga el despliegue hasta que se soluciones", apuntó.
Entre los problemas destaca la "deficiente distribución del personal entre los servicios y a la burocratización". En este sentido, se refirió al exceso de papel, que hace se tengan que trasladar continuamente expedientes de un lugar para otro, un problema que se solucionará con la implantación del expediente digital que conlleva el nuevo órgano judicial.
Pese a las disfunciones, la próxima semana se pondrá en marcha la nueva oficina judicial en León y el próximo mes en Mérida y Cuenca, según señaló el vocal del CGPJ, quien destacó que en otros lugares, como Palma de Mallorca, Ceuta y Melilla, se ha aplazado la implantación "sine die".
Un modelo obsoleto
La necesidad de implantar la nueva oficina judicial reside, a juicio de Manuel Torres Vela, en que el modelo judicial existente "está obsoleto, pues data del siglo XIX". "Desde el Consejo General del Poder Judicial pusimos de manifiesto la necesidad de llevar un proceso de transformación amplio para lograr una justicia rápida y eficaz", señaló.
El vocal explicó en la nueva oficina judicial se ha superado el modelo de un juzgado con un juez, un secretario judicial y diez funcionarios, siendo solo necesario un juez que tiene solo dos o tres funcionarios de apoyo directo, pues se instalarán servicios comunes.
Torres Vela también destacó la necesidad que tiene el país de más jueces, pues en la actualidad hay "once por cada 100.000 habitantes frente a los 15 que tienen el resto de países europeos".
magistrados
Mejora en la interinidad
El vocal del CGPJ, Manuel Torres Vela, también destacó que el déficit de jueces titulares en Canarias ha disminuido de forma notable con la reciente incorporación de 17 nuevos magistrados. Torres Vela explicó que la existencia de los jueces sustitutos es algo normal y necesario en todo el territorio nacional, pues "hay alguien debe cubrir las bajas cuando las haya". Respecto al bajo número de magistrados canarios ejerciendo en el Archipiélago, el vocal destacó que, históricamente, ese mismo problema se da en Cataluña y País Vasco, debido a que en esas comunidades no ha habido suficientes opositores para la carrera judicial. Por ello, Manuel Torres Vela hizo un llamamiento a los gobiernos de esas comunidades autónomas para que busquen la manera de incentivar a los licenciados en Derecho a opositar a la judicatura, ya que se solucionarían muchos problemas, entre ellos el de la movilidad.