Un día después de recibir el informe favorable a la apertura de la causa penal de la Fiscalía Anticorrupción, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha admitido a trámite la querella presentada por un grupo de 63 inversores contra Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos; su mujer, Teresa Rivero; y sus seis hijos varones. Al ''holding'' se les acusa de delitos de estafa e insolvencia punible, según el auto dictado este viernes. Aunque no ha fijado todavía fecha de declaración de los miembros de la familia Ruiz-Mateos, el magistrado impone al grupo una fianza de trece millones de euros y ordena la entrega de la documentación referente a la decena de sociedades de Nueva Rumasa emisoras y avalistas de los pagarés.

El informe de la Fiscalía Anticorrupción ha sido clave para que la Audiencia Nacional abra diligencias de investigación al ''holding'' Nueva Rumasa, tras la querella por presuntos delitos de estafa e insolvencia punible presentada por un grupo de 63 inversores. El juez se acoge, así, a las acusaciones de los fiscales Juan Pavía y Alejandro Luzón, quienes se pronunciaron a favor de la apertura del proceso penal por dos de los cuatro delitos denunciados: Estafa e insolvencia punible, tipificados en los artículos 248 y 252 del Código Penal, respectivamente. La Fiscalía descartó la acusación por delito fiscal.

Sin embargo, Ruz explica en el auto que durante el curso de la instrucción "se deberá limitar con mayor precisión el importe de las presuntas defraudaciones llevadas a cabo, así como el destino último dado por los querellados a las cantidades desembolsadas por los inversores".

Aún no ha fijado la fecha de declaración de los acusados, pero el magistrado ya ha impuesto a Nueva Rumasa una fianza de trece millones de euros, así como la entrega de la documentación referente a la decena de sociedades del grupo emisoras y avalistas de los pagarés. Además, pide a la Unidad Central de Delitos Económica y Fiscal (UDEF) y a la Agencia Tributaria toda la documentación que tengan sobre las sociedades de Nueva Rumasa.

Ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ni el Banco de España formarán parte de la investigación. De este modo se establece en el auto escrito por Ruz,en el que se descarta investigar ambas entidades por responsabilidad civil subsidiaria del Estado, tal y como pedían los querellantes.

De los 1.017 inversores que depositaron 90,4 millones de euros, un total de 63 son los que han sacado adelante la querella. A estos habrá que sumar los que adquirieron pagarés hasta enero de 2011. Es en ellos en quien el juez centra la causa, por lo que a partir de ahora el resto de inversores, cerca de cinco mil, podrán adherirse a la querella y se parte del proceso como acusación particular.

LAS SOCIEDADES TAMBIÉN SERÁN INVESTIGADAS

Tanto el Registro Mercantil como los juzgados de lo mercantil, tendrán que remitir a Ruz toda la información sobre las sociedades que emitieron o avalaron los pagarés, todas ellas en situación concursal o pendientes de declaración de insolvencia. Con una inversión mínima de 50.000 euros, los pagarés fueron emitios por las sociedades Carcesa, Inversiones Ruiz-Mateos, José María Ruis-Mateos, y Maspalomas Hoteles, avalados en su mayoría por Grupo Dhul y Clesa, así como Hibramer. La investigación sobre las operaciones de pagarés también afectan a las sociedades Rumanova, Bardajera, Carnes y Conservas Españolas y Bodegas Valdivia de Cádiz.

Desde marzo de 2020, la Fiscalía Anticorrupción ha estado investigando a Nueva Rumasa, tras recibir una denuncia por parte de la Agencia Tributaria a raíz de las advertencias emitidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la comercialización de los pagarés.

Al considerar que en las campañas para captar inversiones particulares el ''holding'' de Ruiz-Mateos mintió sobre su estructura empresarial y la emisión de pagarés se hizo a sabiendas de que no iban a poder devolver el dinero, los inversores, representados por Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, reclaman cerca de diez millones de euros.

Estas acusaciones son confirmadas por el informe de la Fiscalía, que pone de manifiesto la "opacidad" de la estructura de Nueva Rumasa, que "podría alcanzar un mínimo de 147 empresas que funcionan conforme a un principio de caja única y actáun bajo una unidad de decisión atribuible a la familia Ruiz-Mateos y singularmente a sus miembros varones". El grupo alimentario tiene, al menos, 27 sociedades radicadas en Belice, cuatro en Holanda y dos en Panamá.