EL SISTEMA sanitario español necesita una reforma o, al menos, un debate serio sobre su futuro y sostenibilidad. Hasta aquí creo que es claro el consenso sobre la necesidad y urgencia de la propuesta, porque las señales de extenuación del modelo son más que claras. Lo difícil es acordar qué sanidad queremos de aquí en adelante, preguntarnos sobre si hay que recortar prestaciones o, incluso, si todas pueden ser para todos. Lo que es seguro es que algo hay que hacer: cuando se dan situaciones bochornosas en un servicio de Urgencias, cuando es evidente la carencia de médicos especialistas -o no son los que esperamos que nos atiendan- o cuando escasea el material de cierta calidad. El debate es antiguo y ha surgido con los sucesivos gobiernos en la reciente historia de España. Pero con la diferencia de que, si antes se avistaba el problema, ahora lo tenemos encima.

Me creo en la responsabilidad de hacer propuestas, de sugerir ideas, como que la optimización de recursos es ese árbol del que debe partir el enramado de apuestas por la sanidad que, sin dejar de seguir siendo pública, tendrá que hacer sitio a la iniciativa privada para mantenerse en la vanguardia mundial, como es hasta la fecha.

Lo que es seguro es que hay que racionalizar la sanidad española, examinar hasta dónde puede llegar con sus recursos y analizar su modo de afrontar el déficit, que no siempre ha de conllevar una reducción presupuestaria que afecte al paciente, y mientras, de momento, solo se insiste en el recorte de la factura farmacéutica y de los productos sanitarios.

Rebajar el sueldo a los profesionales tampoco parece que sea la salida más acertada, puesto que estos mismos médicos o enfermeras, que tanto nos ha costado formar, que lo hacen en las mejores universidades y centros hospitalarios en que tanto dinero hemos puesto en España, al final ceden a las ofertas de otros países marchándose a cualquier otro en que sean mejor valorados y remunerados. Estamos consiguiendo así una clara "fuga de cerebros", a pesar de habernos gastado parte de nuestros impuestos en ellos, mientras que nos obligamos a importar titulados, mejores o peores, pero desde luego alejados de nuestra formación y costumbres.

A lo mejor es que hay que poner precio a las cosas, sin querer decir que aceptemos el copago, o el "repago", término que se adecua mejor a lo que pretenden algunos, sin decirlo abiertamente, toda vez que vía impositiva ya pagamos nuestra sanidad pública. Hablo de saber lo que cuestan las cosas y de una mejor gestión del dinero que aportamos todos. Luego empecemos a pedir cuentas de cada euro que ponemos; en qué, en quién y por qué o para qué se gasta. No se trata, por tanto, de pedir más dinero, sino de mejorar la gestión del que hay. Y para ello es necesario cotejar datos y compararlos entre centros. Entonces veríamos si se puede permitir un absentismo del 30% o si se puede seguir con la alegría del todo para todos, sin excepción.

También habría que preguntar qué se ha hecho o se está haciendo por la prevención. Pongamos por caso el gravísimo problema de la obesidad en Canarias. Habría que plantear planes, cómo involucrar a los colegios, al barrio, a las asociaciones de vecinos o al farmacéutico cercano. Buscar las sinergias que permitan evitar el tratamiento posterior en el centro de salud o en el hospital, que siempre será más caro.

Por otra parte, externalizar servicios o recursos que puedan prestar empresas especializadas, con garantías y rentabilidad en su oferta, no debe ser una excepción o una puntual solución a determinadas carencias del sistema público. Las posibilidades del sector sanitario privado no están siendo reconocidas. Tampoco ha sido evaluada su aportación real al sostenimiento del sistema público. Uno y otro deben complementarse, no excluirse, ni atacarse con viejos planteamientos que hoy en día están superados.

Yo me pregunto, incluso, por qué el hospital público no puede ser rentable. A lo mejor lo inteligente es sacar dinero a quien lo tiene o puede permitirse los últimos avances no contemplados en la carta de servicios del centro. Cuando un paciente necesita una prótesis o un marcapasos, la cobertura es igual para todos. No obstante, el hospital podría ofrecer un catálogo de productos y servicios más amplio que el paciente costease por encima de esa oferta mínima o única. Luego insisto en la aplicación de criterios empresariales a lo que no deja de ser otra empresa, la sanitaria, la hospitalaria, que como tal debe cubrir una necesidad, pero sin descuidar el negocio. O al menos no perder rentabilidad con su prestación.

Del mismo modo que uno paga por la televisión de la habitación hospitalaria, ¿por qué no hacerlo por una prótesis que se adapte a la fisonomía personal, o por un menú distinto al que ofrece el hospital? Son ideas que pueden resultar hasta revolucionarias en un país acostumbrado a un sistema igual para todos. Pero puede que sea el único modo de sacar al sector sanitario español de su particular crisis.

Piensen en que si las pensiones en España no son iguales para todos, en que se exige unos años de cotización para lograr el acceso y hasta unos baremos para determinar el porcentaje de cobro, ¿por qué no pensar que igual podría hacerse en nuestro sistema sanitario? ¿O es que todo el mundo tiene que tener derecho a todo, lleve el tiempo que lleve en el país o tenga la patología que tenga? ¿Y no podría ser que quien paga un seguro privado fuera bonificado en la Seguridad Social por el alivio que supone para la presión que ejercemos los millones de ciudadanos de este país sobre el sistema público?

Reitero que todo lo dicho son ideas o propuestas para debatir que pueden ponerse sobre la mesa en foros y sopesadas por expertos de distinta formación y línea de pensamiento. Porque lo importante es, de una vez por todas, encarar el problema y buscar una solución. O proponer alguna, como es mi inquietud por lograr una sanidad sostenible y con futuro.

Fermon Indis, empresa familiar canaria de gestión de productos

y servicios hospitalarios