La reducción y simplificación de las cargas administrativas para empresas y ciudadanos se ha convertido en uno de los aspectos de mayor relevancia en la Unión Europea (UE) para el fomento y dinamización del tejido productivo. Así, para la adaptación a los cambios tecnológicos, el estímulo de la innovación y la protección del bienestar y la seguridad de los europeos, es necesaria una Administración pública efectiva y flexible.
En este contexto, los Estados miembros de la UE han puesto en marcha medidas de actuación rápida, planes estratégicos de simplificación de procedimientos administrativos o mediciones del volumen de cargas. En esta línea, en España se vienen realizando importantes esfuerzos para disminuir, con la vista puesta en 2012, el 30% de las cargas derivadas de la legislación.
Por ello, el Consejo de Ministros acordó el 13 de mayo proceder a eliminar o reducir las cargas administrativas de determinados procedimientos en plazos concretos. En segundo lugar, encomendó al Ministerio de Política Territorial el seguimiento de la implementación de estas medidas, dando participación al Consejo de Ministros en los informes que periódicamente se presenten.
Este nuevo bloque de medidas es el quinto que aprueba el Gobierno desde 2008. La aplicación de sus iniciativas se desarrollará a lo largo de este año y de 2012 e implicará a los ministerios de Justicia, Trabajo e Inmigración, Economía y Hacienda y Política Territorial y Administración Pública.
Suprimir la burocracia no solo impulsa la competitividad y potencia la innovación, sino que también reduce costes al empresario. Desde que en 2008 se aprobó el Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas se han ahorrado 4.831 millones, de ellos 2.560 a las empresas.
CEOE-Tenerife, a través de sus servicios de asesoramiento empresarial y laboral, facilita más información al respecto en el teléfono gratuito 900 304 304.