La publicación en la red social "Facebook" de un vídeo en el que dos adolescentes portuguesas propinan una brutal paliza a otra ha despertado la polémica en el país luso y ha reavivado el debate sobre qué pena imponer en estos casos.

Las imágenes muestran durante cerca de minuto y medio cómo las dos jóvenes, de 15 y 16 años, lanzan puñetazos y tiran al suelo a la víctima, de edad similar, y una vez allí siguen dándole patadas mientras otros tres adolescentes contemplan la escena y uno de ellos la graba con su móvil.

"Esto va para el Facebook", se oye decir en la grabación al presunto autor del vídeo, Rodolfo Santos, de 18 años, que ya contaba con antecedentes por actos violentos.

La paliza se produjo hace unas dos semanas en el barrio lisboeta de Benfica, en un suceso que ha sido ampliamente divulgado por los medios de comunicación lusos.

Por el momento, tanto Santos como la agresora de mayor edad se encuentran en prisión preventiva, el primero acusado de instigación y la segunda de un crimen contra la integridad física.

La otra agresora, sin embargo, no afrontará un proceso penal debido a que en el momento de la paliza tenía todavía 15 años y la legislación lusa coloca el mínimo en 16.

Hoy mismo, medios portugueses revelaban que esta adolescente celebró su décimo sexto cumpleaños dos días después de la agresión y que prestó declaración ante el tribunal correspondiente después de permanecer varios días en paradero desconocido.

La conmoción generada por el suceso ha derivado en un debate sobre cuáles son las medidas adecuadas para castigar a los menores de edad cuando cometen un delito grave, teniendo en cuenta también su futura reinserción social.

El presidente del Colegio de Abogados luso, António Marinha Pinto, se ha mostrado radicalmente en contra de encarcelar a dos de los tres implicados en el caso, al considerar la medida desproporcionada.

"Esto parece un sistema judicial de la Edad Media, es terrible", lamentó Marinha Pinto.

Opinión diametralmente opuesta a la del presidente de la Asociación de Jueces para la Ciudadanía, Rui Rangel, quien justificó lo punitivo del castigo por "la gravedad del caso, que además fue filmado".

La Fiscalía General lusa, por su parte, reconoció que no dispone actualmente de los medios suficientes para detectar crímenes divulgados en las redes sociales, como éste.