El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación que prohíbe la financiación pública para centros educativos que discriminan a alumnos y establece sanciones de entre 300 y medio millón de euros.
Según la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, la ley aprobada que se remite con carácter de urgencia al Parlamento responde a la necesidad de que la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos y garantizar que nadie pueda ser discriminado.
Pajín ha reconocido que es una "ley compleja" porque afecta a la practica totalidad de los departamentos del Gobierno y ha asegurado que la norma pretende avanzar en la igualdad real y efectiva de los ciudadanos, además de apostar por la convivencia.
Para el Gobierno, es "una ley integral, general, de garantías y de derecho antidiscriminatorio", que incluye a todas las personas y alcanza a ámbitos como el empleo, la educación, la asistencia sanitaria, el acceso y permanencia en establecimientos o espacios abiertos al público y la publicidad y medios de comunicación.
La iniciativa aprobada aporta a los motivos de discriminación recogidos hasta ahora en la Constitución y en la normativa europea, la identidad sexual y la enfermedad.